Una denuncia de la diputada Marcela Pagano llevó a la Justicia federal las compras millonarias de alimentos para la Quinta de Olivos y Casa Rosada. Se investigan contratos por más de $400 millones en carnes y frutas mientras cae el consumo en los hogares.
La Justicia federal investigará las compras millonarias de alimentos destinadas a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, luego de que la diputada Marcela Pagano presentara una denuncia que toma como base una investigación periodística de PERFIL. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.° 12, a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.
La presentación de Pagano, quien se distanció del oficialismo tras las elecciones legislativas de 2025, solicita investigar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; a la exsubsecretaria general Belén Agudiez, quien fue separada del Gobierno por las repercusiones de este caso; al exintendente de la Quinta de Olivos, Javier Sosa; y a la empresa proveedora Fransro.
Los números que encendieron la alarma
El origen de la denuncia está en una investigación de la periodista Agustina Bordigoni publicada por PERFIL el 21 de junio de 2026. A partir del análisis de expedientes disponibles en el portal oficial COMPR.AR, la nota reconstruyó las últimas contrataciones adjudicadas para los rubros de carnes y frutas y verduras.
Según esa investigación, los contratos contemplaban más de 27.000 kilos de productos cárnicos y unos 84.000 kilos de frutas y verduras para abastecer durante seis meses a la Casa de Gobierno y a la Residencia Presidencial de Olivos. Los expedientes establecían montos máximos de aproximadamente $225 millones para carnes y $183 millones para frutas y verduras, unos $408 millones entre ambos rubros, con cargo a la Secretaría General de la Presidencia.
La investigación puso el foco específicamente en los alimentos destinados a Olivos. En el caso de la carne, una de las contrataciones preveía más de 9.400 kilos para la residencia presidencial durante seis meses, entre distintos cortes y productos. La comparación con una compra anterior mostró además un incremento en el volumen mensual previsto.
En frutas y verduras, la contratación analizada contemplaba unos 20.800 kilos para Olivos durante seis meses, equivalentes a unos 115 kilos diarios. El listado incluía productos con especificaciones de calidad y variedad, entre ellos bananas premium de Ecuador, frutos rojos, cerezas, distintos tipos de lechuga, manzanas y otros alimentos.
El contraste con el consumo en los hogares
La investigación periodística contextualizó esas compras con la evolución del consumo de alimentos en la Argentina. Mientras los pedidos para la residencia presidencial mantenían determinados volúmenes y estándares de calidad, el consumo de carne vacuna y de frutas y verduras registraba una caída entre los consumidores argentinos.
PERFIL consultó entonces a la Presidencia cuántas personas consumían alimentos diariamente dentro de la residencia para dimensionar las cantidades previstas en las contrataciones, pero no obtuvo respuesta al momento de publicación de la investigación.
La denuncia de Pagano
A partir de esos datos, Marcela Pagano incluyó la investigación periodística de Agustina Bordigoni en su denuncia y planteó ante la Justicia que los volúmenes de alimentos adquiridos debían ser investigados para determinar su destino.
En la ampliación, la diputada citó expresamente la nota de Bordigoni y solicitó que la periodista sea convocada a declarar. El pedido apunta a que ratifique el contenido de las publicaciones y aporte la documentación en la que se sustentó la investigación, con resguardo del secreto de las fuentes periodísticas previsto por el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Pagano pidió investigar posibles delitos de administración fraudulenta, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Nepotismo y posibles desvíos
La denuncia también plantea una posible situación de nepotismo alrededor de la administración de la Quinta. Según el escrito, Belén Agudiez habría designado a distintos familiares en dependencias de la Presidencia, entre ellos a Javier Sosa, a quien identifica como su primo y quien se desempeñó como intendente de la Residencia de Olivos.
A su vez, Pagano menciona a Analía Agudiez, hermana de Belén Agudiez, quien habría estado a cargo de la cocina de la residencia. Según la denuncia, Analía Agudiez era pareja de Javier Sosa y ambos estarían vinculados a un emprendimiento privado de catering.
A partir de esos vínculos, la diputada plantea como hipótesis que los alimentos adquiridos con fondos públicos podrían haber sido destinados, total o parcialmente, a ese emprendimiento privado. En particular, cuestiona si la carne y otros productos comprados para la residencia presidencial pudieron haber sido utilizados en servicios de catering para eventos particulares.
Medidas solicitadas
En su presentación, la diputada solicitó además medidas para preservar posibles pruebas: el resguardo de registros informáticos y filmaciones de las cámaras de seguridad, una constatación e inventario judicial de los depósitos de Olivos y la convocatoria de trabajadores civiles que fueron desplazados de la residencia.
Pagano aseguró que ya concurrió en dos oportunidades a los tribunales de Comodoro Py para ampliar su presentación. En paralelo, la diputada sumó nuevos cuestionamientos sobre otras contrataciones y servicios de la residencia presidencial, entre ellos los alimentos, el mantenimiento del predio y la utilización de carritos eléctricos para el traslado dentro de la Quinta.
El contexto político
La denuncia se produce en un momento de tensión dentro del oficialismo, con Pagano distanciada de la gestión libertaria tras las elecciones legislativas. La causa judicial podría tener implicancias políticas significativas, dado que involucra a funcionarios de alto nivel, incluida la hermana del presidente.
En Tierra del Fuego, donde el costo de vida es uno de los más altos del país y el consumo de carne premium está lejos del alcance de muchas familias, los números de las compras en Olivos generan cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos en un contexto de ajuste y caída del consumo en los hogares de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
La Justicia deberá determinar ahora si las cantidades, contrataciones y demás elementos denunciados configuran alguna irregularidad y, eventualmente, quiénes serían los responsables.
