Cambios en el Registro de Electrodependientes: Una Decisión Controversial
En una medida que ha causado consternación y debate público, el Gobierno de Javier Milei ha anunciado la eliminación del registro de electrodependientes, un sistema que proporcionaba una respuesta rápida y eficiente de las distribuidoras eléctricas en casos de cortes de energía.
Las recientes resoluciones 329/2024 y 330/2024, que han sido publicadas en el Boletín Oficial, marcan un cambio drástico en la política energética del país.
La Resolución 329/2024 amplía el plazo de respuesta de las empresas distribuidoras ante denuncias de falta de suministro eléctrico, pasando de 48 horas a dos días hábiles. Esta extensión ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes temen que pueda traducirse en una menor eficiencia en la solución de problemas eléctricos urgentes.
Por otro lado, la Resolución 330/2024 deroga las normativas previas que garantizaban la visibilidad y atención prioritaria a los hogares con personas electrodependientes. Con la nueva disposición, las distribuidoras tienen hasta 30 días hábiles para conectar una Fuente Alternativa de Energía (FAE), con sanciones por incumplimiento que parecen insuficientes ante la gravedad de la situación.
La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED) ha expresado su alarma frente a estos cambios, señalando que los mismos podrían resultar en cortes de luz prolongados y riesgos significativos para la salud y bienestar de los electrodependientes. Además, los aumentos tarifarios recientes añaden una capa adicional de dificultad para las familias afectadas.
Este giro en la política energética plantea serias preguntas sobre la protección y el cuidado de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Está el Gobierno priorizando la eficiencia económica sobre la seguridad y la vida de sus ciudadanos? La decisión ha abierto un debate ético y social que resuena en los rincones más profundos de la conciencia colectiva argentina.
