El Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) se reunió este mes para analizar dos situaciones emblemáticas de personas usuarias del sistema, revisar intervenciones interinstitucionales y avanzar en la resolución de demandas urgentes vinculadas a la provisión de medicamentos a través de OSEF. La secretaria de Derechos Humanos, Sonia Splausky, ratificó el compromiso del Ejecutivo con una salud mental comunitaria e inclusiva.
El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, dependiente del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, llevó adelante una nueva reunión plenaria del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM). El encuentro, que se desarrolló en la sede de la cartera de Derechos Humanos, tuvo como eje central el monitoreo de casos concretos y la articulación efectiva entre los distintos organismos que integran este espacio interinstitucional.
Dos casos bajo la lupa: el ORSM revisa intervenciones y define acciones de acompañamiento
Durante la sesión plenaria, los representantes del organismo analizaron en profundidad dos situaciones complejas que involucran a personas usuarias de los servicios de salud mental. Se trata de dos expedientes que fueron considerados “emblemáticos” por su complejidad y por la multiplicidad de actores intervinientes.
Según informaron fuentes oficiales, los equipos técnicos realizaron una revisión exhaustiva de las intervenciones desplegadas por cada organismo —Salud Mental, Poder Judicial y organizaciones civiles— con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los plazos, la pertinencia de las medidas adoptadas y el respeto por los derechos fundamentales de las personas involucradas.
Como resultado de ese análisis, se definieron acciones concretas de acompañamiento y seguimiento personalizado, que incluyen la designación de referentes institucionales para cada caso y la elaboración de un plan de intervención consensuado entre todas las partes. La premisa, remarcaron desde el ORSM, es garantizar que ninguna persona usuaria quede desprotegida en el proceso.
Destraban la entrega de medicación a través de OSEF: un avance clave para el acceso a derechos
Uno de los puntos más relevantes de la reunión fue la presentación de los avances logrados en las gestiones realizadas ante OSEF, la obra social provincial. Los equipos técnicos informaron que se logró destrabar la provisión y entrega de medicación para personas usuarias de salud mental que enfrentaban demoras o trabas burocráticas en el acceso a sus tratamientos.
Se trata de una demanda recurrente que el ORSM viene monitoreando con especial atención, dado que la interrupción de los tratamientos psicofarmacológicos puede derivar en crisis y internaciones evitables. En este sentido, desde el organismo destacaron que la articulación con OSEF permitió resolver situaciones que requerían una intervención urgente y coordinada.
“El funcionamiento sostenido del Órgano refleja una decisión política concreta”
En diálogo con este medio, la secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, subrayó la importancia de que el ORSM mantenga una actividad permanente más allá de las reuniones mensuales que establece la normativa.
“El funcionamiento sostenido del Órgano de Revisión refleja una decisión política concreta de nuestro Gobierno de garantizar derechos y fortalecer las políticas públicas de salud mental desde una perspectiva de derechos humanos”, afirmó Splausky.
La funcionaria agregó: “Este espacio nos permite articular con distintos organismos e instituciones para acompañar situaciones complejas, monitorear intervenciones y trabajar para que cada persona usuaria acceda efectivamente a los derechos que le corresponden”.
El ORSM: un espacio plural para la supervisión y construcción de políticas públicas
El Órgano de Revisión de Salud Mental está integrado por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, la Secretaría de Salud Mental, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que representan tanto a profesionales como a personas usuarias del sistema.
Este carácter plural lo convierte en un ámbito clave para el control, el monitoreo y la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, tal como lo establece la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
Según informaron desde la Secretaría, la Plenaria del ORSM se reúne formalmente una vez al mes, pero el trabajo del organismo se desarrolla de manera continua a través de los equipos técnicos de las instituciones que lo integran, quienes sostienen intervenciones, articulaciones y seguimientos permanentes.
Fortalecimiento de redes comunitarias y sistema de registro de casos
Entre las medidas acordadas en la última reunión, se resolvió avanzar en la implementación de un sistema de registro y sistematización de los casos abordados por los equipos técnicos. El objetivo es optimizar el seguimiento de las intervenciones, fortalecer la articulación interinstitucional y generar información estratégica para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.
Además, se dieron a conocer las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Cultos, que trabaja en el fortalecimiento de las redes comunitarias de acompañamiento y la inclusión social de las personas usuarias de salud mental. Estas iniciativas apuntan a complementar las intervenciones del Estado con el apoyo de organizaciones religiosas y comunitarias, en un abordaje integral que trasciende lo estrictamente sanitario.
“Garantizar derechos es una responsabilidad del Estado”, concluyó Splausky
Para cerrar la sesión, la secretaria de Derechos Humanos e Igualdad remarcó la necesidad de sostener el trabajo articulado en el tiempo.
“La salud mental requiere un trabajo permanente, articulado y comprometido. Por eso es fundamental contar con un órgano activo, que no sólo supervise el cumplimiento de la ley, sino que también impulse acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias”, sostuvo.
Y concluyó con un mensaje de continuidad: “Seguiremos fortaleciendo este espacio porque creemos en una salud mental comunitaria, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. Garantizar derechos es una responsabilidad del Estado y una prioridad de esta gestión”.
