El gobierno fueguino, a través del secretario de Niñez Mariano Ponce, manifestó su oposición a la media sanción del proyecto que reduce la edad de imputabilidad. Advirtió que penalizar a adolescentes profundiza desigualdades y no resuelve las causas estructurales de la vulneración de derechos.
TIERRA DEL FUEGO AIAS – En medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, el gobierno de la provincia expresó su rechazo contundente a la iniciativa que obtuvo media sanción en el Congreso. A través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, las autoridades fueguinas advirtieron que la medida representa un retroceso en materia de derechos humanos y un abandono del paradigma de protección integral de las infancias.
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Ponce, fue el encargado de manifestar la postura oficial y lanzó una advertencia clara: “La protección integral no puede ceder ante la lógica del castigo anticipado”.
Un cambio de paradigma en discusión
El proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad a los 13 años en Argentina ha encendido las alarmas en organismos de derechos humanos y en sectores del gobierno vinculados a la protección de la niñez. Para Ponce, la iniciativa “se aparta del paradigma de protección integral consagrado en nuestra legislación y de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional”.
El funcionario fueguino cuestionó la eficacia de la medida en términos de seguridad ciudadana y señaló que la respuesta punitiva no aborda las verdaderas causas del conflicto con la ley penal juvenil. “La reducción de la edad de imputabilidad no constituye una respuesta eficaz en términos de seguridad pública ni aborda las causas estructurales que atraviesan las trayectorias de vulneración de niñas, niños y adolescentes”, afirmó.
Castigo versus derechos
Uno de los puntos centrales del discurso de Ponce fue la crítica al desplazamiento de la responsabilidad estatal. Según explicó, la iniciativa “desplaza el eje de la responsabilidad estatal desde la garantía y restitución de derechos hacia una respuesta predominantemente punitiva, debilitando los dispositivos de cuidado, prevención y acompañamiento territorial”.
En esa línea, el secretario remarcó que las infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad “requieren políticas públicas integrales, sostenidas e intersectoriales” y no soluciones simplificadoras basadas en el endurecimiento del sistema penal. Advirtió, además, que “penalizar de manera anticipada afecta procesos de desarrollo subjetivo, educativo y comunitario, profundiza desigualdades y compromete la sostenibilidad de la vida en sus etapas más sensibles”.
La propuesta del gobierno: inclusión y cuidado
Frente al avance de la lógica punitiva, el gobierno provincial reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las políticas de cuidado. “Resulta imprescindible fortalecer el primer nivel de cuidado, ampliar los dispositivos de acompañamiento y garantizar acceso efectivo a educación, salud mental, espacios comunitarios y oportunidades reales de inclusión”, concluyó Ponce.
La postura de Tierra del Fuego se suma así a las voces que, desde distintos sectores políticos y sociales, cuestionan la baja de imputabilidad como una medida efectista que no resuelve los problemas de fondo y que, por el contrario, expone a los adolescentes a un sistema penal para el cual no están preparados.
