En el Encuentro Nacional de Autoridades de Niñez, la ministra Lucía Rossi destacó la necesidad de “democratizar la información” sobre la nueva Ley Penal Juvenil y fortalecer los mecanismos de escucha y contención.
Tierra del Fuego AIAS – “Es fundamental democratizar la información para que toda la sociedad pueda comprender de qué se trata la Ley Penal Juvenil y cuáles son sus implicancias”. La contundente frase de la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego, Lucía Rossi, cerró el Encuentro Nacional de Autoridades de Niñez y Adolescencia, donde representantes de todo el país firmaron un acta de compromiso para fortalecer el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El encuentro, organizado por la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reunió a autoridades de distintas jurisdicciones con un objetivo claro: compartir experiencias territoriales, identificar problemáticas comunes y avanzar en líneas de acción concretas para garantizar derechos en todo el territorio nacional.
La Ley Penal Juvenil ya está en marcha y, para Rossi, ese es el principal desafío comunicacional e institucional del momento. “Es necesario fortalecer mecanismos de escucha y contención para los chicos y chicas, generando respuestas adecuadas en materia penal juvenil”, remarcó la funcionaria fueguina.
Durante las jornadas, los equipos técnicos y políticos también abordaron los desafíos vinculados a la implementación de la nueva normativa y coincidieron en la importancia de contar con información actualizada y sistematizada para el fortalecimiento institucional. Sin datos confiables y accesibles, advirtieron, no hay políticas públicas efectivas.
Rossi puso en valor el carácter federal del encuentro: “Estos espacios enriquecen a las provincias porque permiten compartir miradas, experiencias y realidades diversas, poniendo en valor el carácter federal y fortaleciendo un sistema de protección más cercano a las necesidades de cada territorio”.
El acta de compromiso firmada al cierre de las jornadas reafirma la voluntad política de las provincias y la Defensoría de seguir consolidando políticas que garanticen derechos. El próximo paso: bajar esas líneas de acción a los territorios, con mecanismos de escucha activa y respuestas penales juveniles adecuadas a cada realidad local.
