El Gobierno de Tierra del Fuego confirmó que mantendrá el subsidio al gas envasado (GLP) y aplicará un sistema de segmentación por ingresos y zonas para garantizar equidad y sostenibilidad.
El Gobierno de Tierra del Fuego ratificó la continuidad del subsidio al gas envasado (GLP), cubriendo más del 88% del costo total, y anunció la implementación de un esquema de segmentación para mejorar la distribución del beneficio.
El viceministro de Economía, Juan Pablo Ruiz Rullier, explicó que la medida surge en un contexto nacional de desregulación del mercado del gas, tras cambios impulsados por el Gobierno nacional que redujeron su participación en el sostenimiento de precios.
Segmentación para garantizar equidad
El nuevo esquema provincial no elimina el subsidio, sino que introduce un ordenamiento basado en dos criterios principales:
- Nivel de ingresos
- Zonificación territorial
Esto permitirá priorizar a los hogares que realmente dependen del gas envasado, especialmente en sectores sin acceso a la red de gas natural.
“El objetivo es que el subsidio llegue a quienes más lo necesitan”, remarcó el funcionario, destacando que también se busca avanzar progresivamente hacia el uso de gas natural en zonas con infraestructura disponible.
Cómo se reparte el costo del gas
Según datos oficiales, el precio del kilo de gas en marzo ronda los $2.362, con la siguiente distribución:
- Nación: aporta entre el 8% y 9% (alrededor de $199)
- Provincia: cubre entre el 88% y 89% (unos $2.083)
- Usuarios: pagan entre $80 y $120 por kilo subsidiado
Este esquema refleja el fuerte esfuerzo fiscal del Gobierno provincial para sostener el acceso a un servicio esencial.
Prioridad en sectores más vulnerables
La segmentación también contempla diferencias territoriales, teniendo en cuenta condiciones urbanas, geográficas y el acceso a servicios. En ese marco, se pondrá especial foco en Río Grande, donde la situación laboral presenta mayores dificultades, sin descuidar a Ushuaia y Tolhuin.
Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que el objetivo es garantizar equidad territorial y sostenibilidad fiscal, manteniendo el acompañamiento a las familias en un contexto económico complejo.
