El ministro de Desregulación y el economista libertario adhirieron al régimen que elimina el control de variaciones patrimoniales. Mientras el Gobierno lo vende como “simplificación”, los números muestran un magro ingreso de divisas y una creciente polémica ética.
Buenos Aires – El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el economista José Luis Espert se inscribieron en el régimen de “Inocencia Fiscal”, una polémica herramienta impulsada por el propio Gobierno de Javier Milei que, en la práctica, elimina la facultad del Estado para investigar variaciones patrimoniales y gastos personales de los contribuyentes.
La adhesión de ambos funcionarios, que se suma a la del jefe de Gabinete Manuel Adorni, encendió las alarmas sobre el verdadero propósito de la normativa: ¿simplificación tributaria o un mecanismo de impunidad para la elite gobernante?
El régimen, recientemente reglamentado, abandona la presunción de culpabilidad que históricamente rigió en el sistema impositivo argentino. Bajo el lema “devolver la libertad”, los contribuyentes presentan una declaración jurada simplificada en la que ARCA predetermina el impuesto sin indagar el origen de los fondos. En otras palabras, el Estado renuncia a controlar cómo se obtuvieron los bienes.
El problema ético
La contradicción es evidente: quienes diseñan y ejecutan la política económica se benefician de un régimen que les permite blindar sus patrimonios ante eventuales cuestionamientos. “La adhesión de Sturzenegger, Espert y Adorni transmite la idea de que la ley fue concebida para proteger a la elite”, señala un análisis crítico de la medida.
El discurso oficial, encabezado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el propio Espert, insiste en que no se trata de una amnistía ni un blanqueo, sino de un cambio de paradigma. Sin embargo, los resultados concretos muestran otra realidad.
Números que desmienten el objetivo
Más de 80.000 contribuyentes ya se inscribieron, pero el ingreso de dólares al sistema financiero fue mínimo: apenas USD 973 millones en tres meses. La meta declarada era captar parte de los USD 170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema formal. El fracaso en ese frente revela que la ley no está sirviendo para repatriar capitales, sino para ofrecer impunidad fiscal a quienes tienen capacidad de influencia política.
La ausencia de controles patrimoniales debilita la lucha contra la evasión y el lavado de dinero. Y cuando los propios funcionarios se acogen al régimen, la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona.
Conclusión
El régimen de Inocencia Fiscal refleja la tensión entre la necesidad de modernizar el sistema tributario y el riesgo de institucionalizar la impunidad. La adhesión de Sturzenegger, Espert y Adorni no es un detalle menor: confirma que la ley no solo busca simplificar trámites, sino también blindar patrimonios oficiales.
