Soberanxs, dirigentes sociales y juristas afirman que Milei está para juicio político

Fue en el marco de un conversatorio organizado por “Soberanxs” donde analizaron declaraciones y publicaciones políticas impulsadas por el libertario. Los especialistas afirmaron: “Queremos que se vaya destituido por el Congreso por los delitos que está cometiendo”.

Un panel de juristas analizó en un conversatorio organizado por “Soberanxs” las declaraciones, publicaciones y políticas impulsadas por el presidente Javier Milei desde el 10 de diciembre y coincidieron en que están dadas las condiciones para impulsar un Juicio Político con el objetivo de destituir al mandatario.

Del encuentro participaron Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, José Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi con la coordinación de Alicia Castro y de la periodista Cynthia García. Los especialistas en derecho aseguraron que no quieren que Milei se vaya en helicóptero, sino que “se vaya destituido por el Congreso por los delitos que está cometiendo”.

Algunos de los ejes que atravesaron el conservatorio fueron “el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad”, las omisiones para defender la soberanía en Malvinas, la intención de detentar la suma del poder público, las declaraciones y publicaciones violentas por parte del actual mandatario, el incumplimiento de deberes de funcionario público, el eventual abandono de personas, el riesgo cierto de dolarización mediante eliminación por decreto de la moneda propia y del Banco Central.

Al inicio del encuentro Alicia Castro recordó que “el negacionismo impulsado por parte del actual titular del Poder Ejecutivo”, en el que “a través de una narrativa de violencia niega el terrorismo de Estado busca redimir a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar y deslegitimar los procesos llevados a cabo en contra de los genocidas para organizar un terreno propicio para que esas atrocidades se vuelvan a cometer”.

Castro aseguró que el negacionismo se vincula directamente con la intención de reeditar la política económica impulsada durante el último proceso militar de “planificación de la miseria”. En ese contexto, Rozanski sostuvo que “cualquier acto de negacionismo tanto del presidente de la Nación como de la vicepresidenta es absolutamente ilegal y causal de juicio político”.

Por otro lado, Castro recordó la cláusula de la Constitución del 94 que consagra como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes y preguntó si los actos de acción y omisión del gobierno que están en contra de este principio irrenunciable también pueden ser considerados una causal de juicio político ya que, sostuvo, Malvinas es un punto geopolítico estratégico de gran importancia.

Por último, la exembajadora marcó su preocupación por la política exterior que impulsa Javier Milei y le atribuyó a las decisiones del presidente la responsabilidad de que, a su juicio, la Argentina haya dejado de habitar una región de paz para estar metidos en la guerra que Israel impulsa en Gaza y que “esto pone en riesgo a las ciudadanas y a los ciudadanos y nos hace blanco del terrorismo internacional”.

En relación a la cuestión vinculada con “la suma del poder público”, el constitucionalista Eduardo Barcesat recordó el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”, y aseguró que esto vale no solo para aquellos que conceden esa facultad sino también en los casos en los que alguien pretenda arrogarse este poder, como a su juicio es el caso del actual presidente.

También planteó que este tipo de actos son “nulos de nulidad absoluta, insanables e imprescriptibles civil y penalmente”. En ese contexto, Barcesat afirmó que la presentación que van a realizar no será únicamente jurídica, sino multifacética y que incluirá cuestiones económicas, pero destacó como uno de los puntos centrales a considerar para el pedido del juicio político lo que para ellos es el quiebre del deber de obediencia de la supremacía de la Constitución Nacional por parte de Milei. “Para el Juicio Político hay condiciones sobradas tanto del mal desempeño como posible comisión de delito en ejercicio de funciones”, sostuvo.

Rozanski centró su exposición en lo que consideró “cientos de causales que se pueden citar para pedir el juicio político”. Por un lado, destacó una causal genérica vinculada con “el mal desempeño”, pero hizo hincapié en la causal de discriminación vinculada con algunas de las publicaciones que difundió el actual presidente de la Nación que tiene en sus redes sociales más de dos millones de seguidores, entre ellas una en la que define al Estado como “un pedófilo con nenes encadenados envaselinados en un jardín de infantes” y otras dos publicaciones en contra del gobernador de Chubut Ignacio Torres, una de ellas vinculándolo con una persona con síndrome de Down.

Por su parte, José Manuel Ubeira recordó que “en nuestra democracia indirecta son los representantes los que llevan adelante la voluntad del pueblo”. En ese sentido señaló que “para el juicio político del presidente se necesita una mayoría calificada en el Senado, pero esto tiene sentido si nuestros representantes se hacen cargo la gravedad y el peligro en el que está inmersa la Argentina en manos del actual gobierno”. Si bien el abogado reconoció que el Gobierno de Milei tiene legitimidad de origen, señaló también que las expresiones que utiliza el presidente, entre ellas las de “zurdo de mierda”, son extremadamente graves.

“Estamos en profundo peligro porque el gobierno pretende la balcanización de la Argentina y el descuartizamiento del país para poder entregarlo”, alertó y agregó: “El Congreso Nacional, que según el presidente es un nido de ratas y es el repertorio de todos los coimeros de la Argentina es el que tiene que ejercer en representación nuestra la garantía de que no nos van a rematar el país y que los que pensamos distinto podamos seguir estando”.

“No conozco una sola gesta que haya sido importante y que no haya comenzado con una correlación desfavorable de fuerzas”, sostuvo a su turno Maximiliano Rusconi. Durante su exposición el abogado analizó las causales que establece la Constitución Nacional para impulsar el juicio político son el mal desempeño y la comisión de delito.

Rusconi ejemplificó algunos episodios en contraposición con distintas normas. “Un caso es el video que emitió el Poder Ejecutivo el 24 de marzo en el que se enaltecía a quienes dirigían la represión. El artículo 213 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que hiciere públicamente y por cualquier medio apología de un delito o de un condenado por un delito”, comentó.

También remarcó que el Poder Ejecutivo está ejecutando el Presupuesto de 2023 que establecía responsabilidades de financiamiento de comedores comunitarios y de entrega de medicamentos oncológicos, entre otros puntos.

“Si Milei hubiera enviado otro Presupuesto, no habría problema, pero está ejecutando un Presupuesto que es ley y que establece determinadas responsabilidades. El artículo 106 del Código Penal establece que el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”, manifestó.

Además, rememoró el episodio a través del cual primero José Luis Espert y luego Milei llamaron a la revolución fiscal en la provincia de Buenos Aires y leyó el artículo 248 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Al igual que lo hicieron los otros integrantes del panel, también cargó en contra de aquellos legisladores que votaron a favor de la ley ómnibus en general que implicaba otorgarle la suma del poder público al Ejecutivo.

Del encuentro también participaron el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy; los diputados nacionales Hilda Aguirre, Ricardo Herrera y Juan Marino; la senadora Florencia López; Juan Pablo Schiavi, Dora Barrancos, Liliana Hendel; Pedro Peretti, Telma Luzzani, Liliana Mazure, Jonathan Baldivieso, María Eva Koutsovitis, Juan Martin Ramos Padilla, Nora Lafon y Martin García, entre otros.