Un informe de Zuban Córdoba vuelve a poner la soberanía en el centro del debate: una amplia mayoría quiere mantener límites a la compra de tierras por extranjeros, mientras el Gobierno impulsa cambios en las reglas de propiedad.
La soberanía nacional aparece como una preocupación concreta para la mayoría de los argentinos. Un relevamiento de Zuban Córdoba y Asociados mostró que el 77% está de acuerdo con limitar la compra de tierras por parte de extranjeros, mientras que el 16,7% considera que esas restricciones no deberían existir y el 6,3% no tomó posición.
El dato surge de una encuesta nacional realizada entre el 16 y el 18 de julio de 2026, sobre 1.400 casos, con un margen de error de ±2,62% y un nivel de confianza del 95%. El estudio fue realizado en medio del debate político por la modificación del régimen de propiedad de tierras rurales.
La cifra instala una discusión que va mucho más allá de la compraventa de campos: qué entiende la sociedad argentina por soberanía y cuánto está dispuesta a resignar en nombre de la inversión y la seguridad jurídica.
El dato que incomoda al debate político
La diferencia entre las posiciones es amplia: por cada argentino que rechaza limitar la compra de tierras por extranjeros hay varios que consideran necesario mantener controles.
El 77% que respalda las restricciones contrasta con el 16,7% que está en contra de ellas. El resto, 6,3%, no respondió o no tiene una posición definida.
No se trata, por lo tanto, de una diferencia estadística marginal. El resultado muestra que la defensa de determinados límites sobre la propiedad rural conserva un respaldo social significativo.
Y hay un dato político adicional: la encuesta se realizó mientras el Congreso discutía modificaciones al régimen vigente.
¿Qué está en discusión?
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, establece restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre otros límites, fija un máximo general del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones específicas relacionadas con determinadas zonas y nacionalidades.
El debate actual plantea cambios sobre ese esquema.
El Gobierno sostiene que una mayor libertad para adquirir propiedades puede favorecer inversiones y otorgar mayor seguridad jurídica. Sus críticos advierten que una flexibilización excesiva puede facilitar la concentración de tierras y afectar el control sobre territorios y recursos considerados estratégicos.
Ahí aparece la palabra que atraviesa todo el informe: soberanía.
La tierra ya no se discute solamente como propiedad
El debate tiene una particularidad: una tierra rural no es únicamente una superficie delimitada en un mapa.
Puede contener agua, bosques, minerales, acceso a ríos, corredores estratégicos o ubicarse en zonas próximas a fronteras. Por eso, para una parte importante de la sociedad, la discusión sobre quién puede comprar determinadas tierras también implica discutir quién controla recursos y espacios estratégicos.
Esto explica por qué la encuesta encuentra una respuesta tan contundente.
No necesariamente significa que los argentinos rechacen la inversión extranjera. La pregunta es qué condiciones debe tener esa inversión y qué límites debe establecer el Estado.
Una discusión que excede a la Ley de Tierras
La soberanía aparece hoy vinculada a varios debates simultáneos.
Argentina negocia su política económica dentro de un programa con el Fondo Monetario Internacional, busca inversiones para desarrollar recursos minerales estratégicos y profundiza su cooperación internacional en materia de Defensa.
En el caso del FMI, el programa vigente alcanza aproximadamente US$20.000 millones y contempla revisiones periódicas que habilitan nuevos desembolsos. Eso no significa que el organismo gobierne el país, pero sí que existe una relación financiera que condiciona parte de las decisiones económicas del Gobierno.
También está la discusión sobre los minerales críticos. En junio de 2026, el Servicio Geológico Minero Argentino informó un potencial de 190.395 toneladas de recursos de tierras raras, minerales considerados relevantes para industrias tecnológicas, energéticas y de defensa.
El punto central, nuevamente, no es simplemente si llegan inversiones.
La pregunta es quién explota esos recursos, bajo qué reglas, cuánto valor queda en el país y qué capacidad conserva el Estado para definir su utilización.
El antecedente de Tierra del Fuego
La discusión adquiere una dimensión especial en Tierra del Fuego, por su ubicación estratégica en el extremo sur, su proximidad a la Antártida y su posición sobre el Atlántico Sur.
Una medición anterior de Zuban Córdoba había mostrado que 71,5% de los encuestados rechazaba una eventual base militar estadounidense en Tierra del Fuego a cambio de un acuerdo económico, frente a un 21% que estaba de acuerdo.
Ese antecedente resulta relevante porque muestra que la preocupación por la soberanía no aparece únicamente asociada a la propiedad de tierras. También alcanza cuestiones militares y geopolíticas.
El Gobierno habla de inversión; la sociedad pone límites
El conflicto de fondo puede resumirse en dos visiones.
Por un lado, quienes sostienen que Argentina necesita capitales, inversiones y reglas que faciliten la llegada de empresas nacionales y extranjeras.
Por otro, quienes consideran que determinadas áreas —territorio, agua, minerales, fronteras y sectores estratégicos— requieren una protección especial porque no pueden ser tratadas únicamente como mercancías.
La encuesta de Zuban Córdoba muestra que, al menos en materia de tierras, la segunda mirada tiene hoy un respaldo social ampliamente mayoritario.
Eso no significa que el 77% rechace toda inversión extranjera. Esa conclusión no surge de la pregunta realizada.
Lo que sí refleja el estudio es que la mayoría quiere que existan límites para la adquisición extranjera de tierras.
El dato político detrás del número
El resultado también funciona como una señal para el Congreso y para el Gobierno.
Una reforma que toque la propiedad rural no se discute solamente en términos económicos. Tiene una dimensión territorial, ambiental, productiva y geopolítica que la sociedad parece reconocer.
Y allí aparece una paradoja para el oficialismo: mientras busca atraer capital extranjero como parte de su estrategia económica, una mayoría de los argentinos expresa que no quiere que esa apertura implique eliminar los límites sobre la propiedad de la tierra.
La pregunta que queda abierta es si la política podrá construir un punto intermedio entre inversión y soberanía.
Porque una cosa es atraer capital.
Otra, muy diferente, es renunciar a decidir qué partes del territorio pueden quedar bajo control extranjero y bajo qué condiciones.
La soberanía como discusión del presente
El informe de Zuban Córdoba no demuestra que Argentina esté perdiendo su soberanía. Tampoco permite afirmar que exista una “entrega” generalizada del territorio.
Sí muestra algo más concreto y medible: el 77% de los argentinos consultados quiere conservar límites a la compra de tierras por extranjeros.
En un país que discute deuda, recursos naturales, inversiones, defensa y territorio, el dato puede leerse como una señal política clara.
La sociedad parece estar diciendo que abrir la economía no necesariamente significa abrirlo todo.
Y esa diferencia puede convertirse en uno de los debates centrales de la Argentina que viene.
