El Secretario de Gobierno municipal cuestionó al Ejecutivo provincial por la falta de previsibilidad financiera. Alertó que la deuda por coparticipación ya alcanza los 30 días y afecta servicios esenciales.
USHUAIA. – En un marco de creciente tensión financiera, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, expresó una grave preocupación por la quita y el retraso en el envío de fondos de coparticipación provincial, recursos que calificó como “esenciales” para el funcionamiento de la ciudad.
Iriarte detalló que el retraso en los giros ya alcanza los 30 días, y que para esta semana la deuda acumulada podría llegar a los $11.000 millones. “Se trata de una decisión del Ministerio de Economía provincial”, aclaró, marcando una clara responsabilidad del gobierno fueguino.
Falta de previsibilidad y diferencias de trato
El funcionario municipal criticó la falta de un sistema estable para los municipios: “La provincia cuenta con un sistema de goteo automático con Nación, mientras que los municipios no”. En este sentido, reclamó que la Legislatura trate una ley que otorgue previsibilidad financiera a las comunas, que hoy “sufren estos vaivenes”.
Respecto a la quita específica de fondos, Iriarte recordó que el propio gobernador Gustavo Melella reconoció un descuento de $35 millones destinados al gas domiciliario. “Hablar de esos montos como si no impactaran demuestra una actitud irresponsable”, afirmó, y subrayó el valor crítico de esos recursos para sostener centros de salud, bacheo y servicios básicos.
Contexto político y advertencia sobre el puerto
Iriarte vinculó la situación financiera con el actual escenario político, tensionado por los resultados electorales y decisiones de gestión. Además, hizo un llamado de atención urgente sobre la situación del Puerto de Ushuaia, donde ya se registraron despidos. “El puerto no puede dejar de operar. Sería un daño enorme para la economía local”, advirtió, señalando el riesgo de que las recaladas de cruceros se desvíen a Punta Arenas.
El reclamo municipal expone una fractura en la gestión de los recursos provinciales y plantea un año complejo para las finanzas de la capital fueguina, en un contexto de caída de la actividad económica y de la coparticipación nacional.
