El Gobierno nacional amplió el Régimen de Aduana en Factoría a todo el territorio. Especialistas advierten que el beneficio fiscal diferencial de TDF podría diluirse. La provincia intenta bajar la alarma.
TIERRA DEL FUEGO AIAS – El Decreto 252/2026, publicado por el Gobierno nacional, amplió el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el territorio argentino. En la práctica, esta medida podría desarmar una de las pocas ventajas competitivas que sostienen al modelo industrial fueguino desde hace más de cinco décadas: la exclusividad fiscal.
Hasta ahora, Tierra del Fuego gozaba de un beneficio único en el país bajo la Ley 19.640: exención de aranceles, reintegro de IVA y diferimientos impositivos que ningún otro punto del territorio nacional podía replicar. El RAF, hasta hoy restringido al sector automotriz y a operaciones de exportación, se extiende ahora a cualquier empresa del país que importe insumos para industrializar y exportar.
El problema de fondo no es el RAF en sí mismo, sino lo que su ampliación anuncia: una nivelación hacia abajo de los beneficios fiscales que podría dejar a la industria fueguina sin su principal escudo competitivo.
“No es comparable”, dice la funcionaria. El mercado piensa distinto.
La secretaria de Industria provincial, Alejandra Man, salió a intentar contener el impacto: “No se trata de un esquema equivalente ni comparable”, afirmó. Y detalló que el RAF difiere impuestos pero no los exime, mientras que la Ley 19.640 sí contempla exenciones reales.
Sin embargo, el temor del sector productivo es otro: que el RAF sea el primer paso hacia una desgravación generalizada que termine licuando la diferencia que hoy justifica radicar industrias en Ushuaia y Río Grande.
“Si cualquier empresa en Buenos Aires o Córdoba puede importar insumos sin pagar aranceles, aunque sea para exportar, la lógica empuja a que ese beneficio se extienda también para el mercado interno. Y ahí sí, la industria fueguina pierde todo sentido”, analizó un consultor especializado en comercio exterior que prefirió no ser nombrado.
La paradoja: el RAF no elimina la Ley 19.640… todavía.
Man aclaró que, en principio, la medida “no elimina ni reemplaza los beneficios vigentes del régimen de la Ley 19.640”. Pero admitió que los equipos técnicos analizan “eventuales consecuencias negativas, si las hubiere en forma directa”.
El problema es histórico: los gobiernos nacionales suelen avanzar por decretos y luego rematan con leyes. El decreto 252/2026 es un hecho consumado. La pregunta que recorre los pasillos de AFARTE, CAFIN y la UIF es: ¿cuánto falta para que el RAF se convierta en un régimen general que incluya también al mercado interno?
“Cualquier novedad se percibe como un posible ataque”
La propia Man lo reconoció: “En una situación ya compleja, cualquier novedad se percibe como un posible ataque”. Y criticó a los medios que publicaron notas “alarmistas”. Pero quizás el alarmismo no es del periodismo, sino de la realidad: un decreto que modifica reglas de juego sin consenso previo con la única provincia que vive de esas reglas.
Mientras tanto, el Gobierno provincial dice que “está evaluando”. El sector productivo, en silencio, mira el Boletín Oficial con desconfianza. Y la historia repite patrones: los regímenes de promoción industrial no mueren de un golpe. Se licuan, decreto a decreto.
