El canciller utilizó su red social para intimar al diplomático a borrar contenidos de 2012 sobre soberanía, bebés sustraídos y Teatro por la Identidad. Un precedente de “censura histórica” en la era mileísta.
BUENOS AIRES – El canciller Pablo Quirno utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para reprender públicamente al embajador argentino en Suiza, Gustavo Lunazzi, y ordenarle la eliminación “URGENTE” de archivos históricos sobre Malvinas y Derechos Humanos alojados en el sitio web de la representación diplomática. Los contenidos, que databan de 2012, incluían materiales sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas, la búsqueda de bebés sustraídos durante la dictadura y el ciclo “Teatro por la Identidad”, vinculado a Estela de Carlotto.
En una serie de mensajes en su red social, Quirno exhibió capturas de pantalla del sitio institucional de la embajada y exigió la corrección inmediata. Minutos después, los documentos fueron dados de baja. El episodio marca un salto cualitativo en el control ideológico de la diplomacia argentina: ya no se trata de una directiva interna, sino del “escrache” preventivo como herramienta de disciplinamiento.
“Lo que en cualquier administración diplomática se resolvería con una instrucción técnica, en la era Quirno se transforma en un tribunal de opinión pública”, señalaron fuentes del Servicio Exterior. El canciller consideró que la sola mención de la política exterior y los derechos humanos de la gestión 2012 constituía una “politización” inaceptable, y ordenó su purga.
Los archivos eliminados incluían:
- Un apartado sobre el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes.
- Contenidos vinculados a Teatro por la Identidad y la distinción otorgada a Estela de Carlotto.
- Documentos sobre el organismo destinado a la localización de bebés sustraídos durante la última dictadura cívico-militar.
Para el canciller, la permanencia de esos registros en un sitio oficial –aunque fueran históricos y no de gestión actual– resultaba “contaminante”. El mensaje implícito es claro: la memoria de Malvinas y los derechos humanos, si fueron impulsados por gobiernos anteriores, deben ser borrados.
El episodio no es aislado. La expulsión del cónsul en Siria, Alejandro Calloni, por haber dado un “me gusta” en Instagram a un contenido crítico del gobierno, confirma que la Cancillería ha montado un sistema de vigilancia digital sobre sus propios funcionarios. No se evalúa la idoneidad o el desempeño, sino la alineación absoluta con la narrativa oficial.
“La diplomacia, que por definición requiere de matices, memoria institucional y discreción, está siendo reemplazada por una purga del clic”, advirtieron analistas. Al tratar documentos oficiales de hace una década como material peligroso, el Gobierno corre el riesgo de convertir las embajadas en oficinas de propaganda que borran el pasado según sople el viento político.
El reclamo argentino sobre Malvinas es una política de Estado con más de 190 años y respaldo multipartidario. Que el propio canciller ordene eliminar archivos que sostienen ese reclamo, y que lo haga mediante un escrache público, constituye un hecho de extrema gravedad institucional. La pregunta que queda flotando es: ¿cuánta memoria está dispuesto a purgar este Gobierno en nombre de su “novedad” política?
Fuente: Con información de Tiempo AR
