Equipos técnicos de Tierra del Fuego intentaron ingresar en tres oportunidades al Puerto de Ushuaia para controlar residuos peligrosos y recursos hídricos, pero no fueron autorizados por la autoridad portuaria nacional.
Equipos técnicos del Gobierno de Tierra del Fuego no pudieron ingresar al Puerto de Ushuaia en tres oportunidades para realizar controles ambientales, según informó la Secretaría de Ambiente provincial. La situación se produce en el marco de la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sobre la terminal portuaria.
Las inspecciones buscaban verificar aspectos vinculados con la gestión y trazabilidad de residuos peligrosos provenientes de buques, además de realizar controles sobre los recursos hídricos dentro del área portuaria.
La información fue difundida por el Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego. La secretaria Legal de esa cartera, Lisi Cristófano, cuestionó la negativa de ingreso y sostuvo que la Provincia considera que cuenta con facultades para realizar las fiscalizaciones ambientales.
La ANPyN fue creada en 2025 y actualmente ejerce funciones como autoridad portuaria nacional. En enero de 2026, el organismo dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia y su intervención administrativa, mediante la Resolución 4/2026.
Qué controles pretendía realizar la Provincia
De acuerdo con la información difundida por el Gobierno fueguino, la intervención de los equipos provinciales contempla dos áreas principales.
Por un lado, la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA) debía realizar una auditoría vinculada con el Certificado Ambiental Anual correspondiente a los generadores de residuos peligrosos inscriptos en el registro provincial.
El objetivo incluye verificar la gestión de esos residuos y su trazabilidad desde el momento en que son desembarcados de las embarcaciones hasta su tratamiento por parte de operadores habilitados.
Por otro lado, la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) debía realizar controles sobre intervenciones y obras que puedan involucrar el recurso hídrico, incluyendo aspectos relacionados con modificaciones de la costa, obras hidráulicas, drenajes, amarraderos y otras instalaciones vinculadas con el agua.
La discusión sobre las competencias
El conflicto se concentra también en la discusión sobre las competencias de Nación y Provincia dentro del puerto.
Cristófano sostuvo que los controles ambientales forman parte de las facultades provinciales y cuestionó la posición atribuida a la ANPyN respecto de la competencia para impedir el ingreso de los inspectores.
“Esa negativa categórica de que nosotros no somos competentes es incorrecta”, afirmó la funcionaria.
Además, según la funcionaria, la Provincia solicitó formalmente que el organismo nacional explique los fundamentos por los cuales considera que tiene facultades para impedir el ingreso de los equipos técnicos provinciales.
La controversia se desarrolla en un contexto institucional más amplio. La Resolución 4/2026 de la ANPyN establece que el organismo es la autoridad portuaria nacional y le asigna, entre otras funciones, competencias de fiscalización en materia portuaria y responsabilidad primaria en materia ambiental dentro de ese ámbito. La misma norma también señala que esas atribuciones deben ejercerse sin perjuicio de las competencias constitucionales locales.
La trazabilidad de los residuos, uno de los puntos centrales
Para la Provincia, uno de los principales problemas derivados de la falta de acceso está relacionado con la posibilidad de controlar el circuito de los residuos peligrosos generados por las embarcaciones.
Cristófano explicó que los equipos necesitan verificar el momento del desembarco para posteriormente poder determinar qué tratamiento recibió el residuo por parte del operador habilitado.
La Secretaría de Ambiente sostiene que este seguimiento permite comprobar que el circuito se complete conforme a la normativa ambiental vigente.
El planteo provincial fue difundido públicamente en septiembre, mientras medios locales también informaron sobre los sucesivos pedidos de ingreso y las negativas registradas.
La Provincia analiza nuevas acciones
Ante las sucesivas negativas, el Gobierno de Tierra del Fuego informó que se encuentra reuniendo los antecedentes del caso y evaluando alternativas tanto administrativas como judiciales.
La funcionaria sostuvo que la intención es evitar que la situación genere inconvenientes sobre la actividad privada que opera en el puerto, pero remarcó que el objetivo de la intervención provincial es garantizar los controles ambientales.
El conflicto se suma a una disputa institucional previa entre Tierra del Fuego y la Nación por la intervención del Puerto de Ushuaia. La ANPyN fundamentó su intervención en observaciones realizadas durante inspecciones efectuadas en 2025, mientras que autoridades provinciales cuestionaron la competencia nacional y los fundamentos de la medida.
Por el momento, el punto de controversia específico sobre los controles ambientales permanece abierto y podría trasladarse nuevamente al ámbito administrativo o judicial si no existe un acuerdo sobre el ingreso de los inspectores provinciales.
