El diputado Juan Marino presentó una denuncia penal contra el Presidente por habilitar mediante un DNU el ingreso de militares estadounidenses sin autorización previa del Congreso. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 10.
El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por haber autorizado el ingreso de tropas de Estados Unidos al territorio argentino para participar en ejercicios militares sin la aprobación previa del Congreso Nacional, un requisito que los denunciantes sostienen que establece la Constitución Nacional.
La presentación fue realizada por el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
Además del Presidente, la denuncia alcanza al ex jefe de Gabinete Guillermo Francos —y menciona a funcionarios del Poder Ejecutivo vinculados con la decisión administrativa—, al ministro de Defensa, Luis Petri, al canciller Gerardo Werthein y a otros funcionarios que habrían intervenido en la autorización de las maniobras militares.
¿Qué cuestiona la denuncia?
El eje de la presentación judicial es que el Poder Ejecutivo habría autorizado el ingreso de más de 350 efectivos militares estadounidenses mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para participar durante 42 días en los ejercicios conjuntos “Daga Atlántica” y “PASSEX”, desarrollados en instalaciones militares de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Según los denunciantes, la autorización debió ser tratada y aprobada previamente por el Congreso de la Nación, ya que se trata de una atribución exclusiva del Poder Legislativo en materia de ingreso de fuerzas armadas extranjeras.
La presentación también hace referencia a la participación del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, que operó en la Zona Económica Exclusiva Argentina durante las maniobras. Asimismo, recuerda que el presidente Milei visitó la embarcación en el marco de esas actividades.
Los argumentos constitucionales
La denuncia sostiene que el Gobierno habría incumplido el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la facultad de autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio argentino.
Además, los denunciantes invocan la Ley 25.880, que regula este procedimiento y, según su interpretación, impide reemplazar la autorización legislativa mediante un decreto presidencial.
En función de esos argumentos solicitaron que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de:
Delitos denunciados
- Abuso de autoridad.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Traición a la Patria.
La investigación deberá determinar si la autorización otorgada por el Poder Ejecutivo se ajustó o no al marco constitucional y legal vigente.
La postura de los denunciantes
El diputado Juan Marino sostuvo que el caso trasciende una discusión administrativa y plantea un posible desconocimiento de las atribuciones que la Constitución reserva al Congreso en cuestiones vinculadas con la defensa nacional y la soberanía.
Según el legislador, “la autorización del ingreso de tropas extranjeras constituye una facultad exclusiva del Poder Legislativo”, por lo que consideró necesario que la Justicia investigue la actuación del Ejecutivo.
La denuncia también fue presentada en un contexto de fuerte debate político sobre la política exterior del Gobierno nacional y su alineamiento estratégico con Estados Unidos.
Cómo continúa la causa
Con el expediente ya asignado al juez Julián Ercolini, será la Justicia Federal la que determine si existen elementos suficientes para impulsar una investigación penal y requerir medidas de prueba.
Por el momento, el Gobierno nacional no emitió una respuesta oficial sobre la denuncia ni sobre los planteos formulados por los denunciantes respecto del procedimiento utilizado para autorizar las maniobras militares.
La causa abre un nuevo frente judicial para la administración de Javier Milei y reaviva el debate sobre los límites constitucionales de las facultades del Poder Ejecutivo en materia de defensa y relaciones internacionales.
