Milei acelera el plan de privatizaciones para cumplir con el FMI antes de fin de año
El Gobierno se comprometió a presentar en noviembre una hoja de ruta para desprenderse de empresas clave como Energía Argentina, Intercargo y Belgrano Cargas. El objetivo: cumplir con el déficit cero exigido por el FMI.
En línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei decidió acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, adelantando su compromiso de septiembre de 2025 a noviembre de 2024. La medida busca garantizar el cumplimiento de la meta de déficit cero, sin importar el impacto social, productivo o estratégico que pueda tener la entrega de empresas públicas al sector privado.
El plan se enmarca dentro de la Ley Bases que impulsa el oficialismo y será coordinado por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales, encabezada por Diego Chaer. Para noviembre, el Gobierno deberá presentar un informe detallado con las empresas involucradas y un plan de privatización o concesión, asegurando, según lo acordado, un “proceso eficiente y transparente”.
Entre las firmas señaladas aparecen Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AYSA, Corredores Viales, Sociedad Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas, y el Correo Argentino. En algunos casos, como Nucleoeléctrica Argentina y YCRT, el Estado mantendría una participación mayoritaria, aunque no se descarta una apertura al capital privado.
Según el FMI, el Ejecutivo ya dio pasos en esa dirección: avanzó en la venta de acciones de Intercargo, impulsó la privatización de Corredores Viales y Belgrano Cargas, y transformó YCRT en una sociedad anónima. Además, TN reveló que el decreto para privatizar Energía Argentina ya está redactado.
Desde el oficialismo, el discurso es claro. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró ante el Congreso:
“El Estado no es empresario. Ese rol lo debe asumir el sector privado. La decisión de desprenderse de las acciones está alineada con el objetivo de déficit cero y la no asignación de recursos públicos a empresas que pueden operar bajo reglas de mercado”.
Lo que desde el Gobierno se presenta como una medida “racional” es, para amplios sectores sociales, una entrega de activos estratégicos nacionales. La historia reciente argentina demuestra que muchas privatizaciones en los 90 terminaron con servicios deficientes, despidos masivos y concentración de poder económico.
El caso del Correo Argentino es paradigmático: su privatización ya estaba contemplada en 2004, pero nunca se ejecutó completamente. Ahora, el oficialismo ve una nueva oportunidad para completar un proceso de desguace del aparato estatal, disfrazado de “modernización”.
