La Cámara baja aprobó por 237 votos una nueva Ley de Discapacidad que reemplazará la emergencia vigente. El texto mantiene pensiones, CUD, nomenclador universal y compatibilidad con el empleo formal, pero suma controles y auditorías.
La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Discapacidad que reemplazará a la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.
La aprobación llegó tras semanas de negociaciones entre el Gobierno, sus aliados y la oposición. El oficialismo aceptó cambios centrales y dejó de lado los recortes que había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027.
Qué mantiene la nueva ley
El texto consensuado conserva la Pensión No Contributiva por Discapacidad, equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. También mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio.
Además, ratifica el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Estos mecanismos establecen valores comunes para las prestaciones básicas y evitan que obras sociales, prepagas o provincias definan aranceles propios sin actualización automática.
La ley prevé la actualización de las pensiones por inflación. El objetivo es que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
También se mantiene la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. Las personas con CUD podrán conservar el beneficio si tienen un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Qué cedió el Gobierno
El proyecto de Presupuesto 2027 había planteado cambios restrictivos en el sistema de discapacidad. Entre ellos figuraban la adopción del criterio de “invalidez laboral” para acceder a la pensión, la eliminación del CUD como vía directa de acceso y la incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal.
También preveía derogar el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas. Tras las negociaciones, el oficialismo retiró esos puntos y aceptó retomar los principales componentes del régimen vigente.
La oposición también logró incorporar garantías de cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud, la especificación de partidas presupuestarias del Ministerio de Salud y compensaciones del Tesoro si los recursos resultaran insuficientes.
Controles y auditorías
La nueva norma incorpora auditorías periódicas de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El control se realizará mediante el cruce de información con organismos como Anses, ARCA, Renaper y el SINTyS.
El texto permite suspender preventivamente una prestación ante un incumplimiento objetivo. Sin embargo, establece un “debido proceso inclusivo”, con notificación a la persona beneficiaria y posibilidad de rehabilitación provisoria.
Si existieran deudas pendientes con prestadores al momento de la sanción, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de 30 días y cancelarlos dentro de 90 días.
El camino hacia el Senado
La media sanción reunió al oficialismo con el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, los bloques provinciales y Unión por la Patria. La oposición acompañó el proyecto luego de que se incorporaran los cambios reclamados por organizaciones de personas con discapacidad.
No todos los sectores respaldaron la iniciativa. Los diputados cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria votaron en contra, al considerar que las organizaciones del colectivo no participaron lo suficiente en la elaboración del texto. La izquierda se abstuvo por la falta de actualización de las deudas con los prestadores.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto pasará al Senado. Allí deberá convertirse en ley para reemplazar definitivamente la Emergencia en Discapacidad antes de su vencimiento.
