Con 9 votos a favor, la Legislatura estableció el envío diario de recursos coparticipables a Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La Libertad Avanza, Somos Tolhuin y FORJA rechazaron la iniciativa.
USHUAIA.- La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó este jueves la denominada “Ley de Goteo”, un esquema que establece la transferencia automática y diaria de fondos coparticipables desde el Gobierno provincial hacia los tres municipios de la isla: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
La iniciativa, impulsada por el bloque del Partido Justicialista a través del legislador Juan Carlos Pino, fue aprobada con 9 votos a favor y 4 en contra, en una sesión que marcó un cambio estructural en la relación financiera entre Provincia y municipios.
Fin de la discrecionalidad en los envíos
La nueva normativa elimina la intermediación política en el desembolso de recursos. Hasta ahora, los municipios dependían de autorizaciones discrecionales desde el poder ejecutivo provincial para acceder a los fondos que les corresponden por coparticipación. Con la Ley de Goteo, esos recursos llegarán de manera automática y periódica, garantizando previsibilidad financiera a las tres comunas.
El oficialismo argumentó que la medida otorga transparencia y estabilidad administrativa. La oposición, en tanto, cuestionó el impacto en las cuentas provinciales y alertó sobre posibles desequilibrios fiscales.
Mapa de la votación
Acompañaron la iniciativa los bloques del Movimiento Popular Fueguino, Somos Fueguinos, Partido Justicialista, Provincia Grande y Partido Verde.
En contra votaron La Libertad Avanza, Somos Tolhuin y FORJA, quienes defendieron la necesidad de mantener mecanismos de control previo a la transferencia de los recursos.
Reacción municipal: “Federalismo de verdad”
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, celebró la aprobación y calificó el hecho como “histórico” para la provincia. En sus redes sociales, Vuoto sostuvo: “Los recursos de la gente no se mendigan: se transfieren de manera automática. Esto no es un favor. Es un derecho. Esto es federalismo de verdad”.
Con esta ley, Tierra del Fuego modifica por primera vez en décadas el flujo de la coparticipación provincial, ordenando un vínculo que históricamente generó tensiones políticas entre los niveles del Estado.
