El fiscal José Agüero Iturbe ratificó la apelación contra el archivo del caso que investiga el préstamo de u$s57.100 millones. La Sala I de la Cámara Federal definirá el futuro del expediente.
La novela judicial en torno al endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri suma un nuevo y decisivo capítulo. El fiscal general José Agüero Iturbe solicitó formalmente ante la Sala I de la Cámara Federal porteña la reapertura de la causa que investiga el acuerdo Stand By firmado en 2018 por u$s57.100 millones .
El dictamen de Agüero Iturbe, al que tuvo acceso este medio, ratifica en todos sus términos la apelación presentada por el fiscal de primera instancia, Franco Picardi. Este último había objetado el archivo del expediente dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien consideró que la toma del préstamo fue una “decisión política no judicializable” .
El núcleo de la acusación
En la causa están imputados el expresidente Macri y sus exfuncionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger —actuales ministros de Economía y Desregulación del gobierno de Javier Milei—, además del exministro Nicolás Dujovne y el exjefe de Gabinete Marcos Peña.
La fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para sospechar la comisión de delitos como abuso de autoridad y administración fraudulenta. Picardi, en su apelación, fue contundente al señalar que se habría conformado una “posible plataforma criminal” y que la investigación está lo suficientemente madura como para avanzar hacia instancias de indagatoria .
El argumento central del Ministerio Público Fiscal es que el acuerdo no solo evadió el control del Congreso —violando la Constitución Nacional— sino que los fondos, en lugar de fortalecer las reservas, habrían facilitado una masiva fuga de capitales. “Las divisas fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el negocio de las Lebacs, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos”, destacó en su momento un informe de la Oficina Anticorrupción incorporado a la causa .
El contexto político y los pasos a seguir
La decisión de Agüero Iturbe deja el expediente en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal. Ellos deberán resolver si confirman el archivo o si, por el contrario, ordenan seguir adelante con la investigación.
El movimiento fiscal ocurre en medio de una polémica mayor. Días después del archivo dispuesto por Capuchetti, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 87/2026, instruyendo a la Procuración del Tesoro a cesar su intervención como querellante en la causa, una acción que había sido impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández . Esta maniobra del Ejecutivo fue interpretada por sectores de la oposición como un blindaje político a los involucrados, pero no impide que la justicia continúe su curso a instancias de la fiscalía .
Con la palabra ahora en manos de la Cámara, la suerte judicial del préstamo más grande de la historia con el FMI vuelve a quedar en el centro de la escena política y económica argentina.
