La Corte Suprema se acomoda en el Consejo de la Magistratura, aunque faltan jurar dos consejeros

Por Felipe Celesia

La Corte Suprema de Justicia avanzó esta semana en el proceso de adecuación del Consejo de la Magistratura a la nueva mayoría de veinte miembros, mientras prevé la jura próxima de los dos parlamentarios que faltan para completar la nueva composición que ordenó el máximo tribunal.

La primera decisión que tomó el nuevo Consejo esta semana fue rechazar la pretensión del juez Walter Bento de concursar por un lugar en la Cámara de Casación Federal, cuando se encuentra procesado por cohecho, lavado de dinero y asociación ilícita.

La decisión, amparada en el Reglamento de Concursos, fue firmada por los 18 consejeros, sobre un pedido del representante de los jueces, el consejero Ricardo Recondo, para que Bento quedara fuera del concurso 475.

Para llegar a este consenso los consejeros evaluaron las presentaciones y el descargo de Bento y terminaron apartándolo, sin reunión plenaria ni de comisiones.

Las reuniones con todos los consejeros podrían convocarse si el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, también titular del Consejo, así lo decidiera, y si bien el salón de la sede del Consejo de Libertad al 700 ya fue adecuado para los veinte integrantes, todavía falta que se constituyan las comisiones y sus autoridades.

En principio, la Corte instaló un secretario letrado en la sede de Libertad y Rosatti recorrió el edificio para saludar a los empleados y conocer el espacio, en un gesto inequívoco de voluntad de cumplir con su nuevo rol de cabeza del organismo.

Para que el funcionamiento del Consejo sea pleno deben jurar todavía los dos representantes del Legislativo, la diputada Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) y el senador por Río Negro Martín Doñate (Unidad Ciudadana, interbloque Frente de Todos), cuyas designaciones fueron recurridas ante el fuero Contencioso Administrativo.

Según explican en la Corte, la judicialización no impide la jura de los consejeros pero complica los trámites formales para que asuman: los títulos y certificaciones de los candidatos los debe enviar el Consejo a la Corte para que un secretario letrado los evalúe y, si todo es correcto, se convoque en acordada a la jura.

En el máximo tribunal se quejan de falta de interlocutores en los dos Poderes a los que atribuyen la demora de esta gestión y otras, y cargan contra el Legislativo por no haber aprobado una nueva ley del Consejo de la Magistratura dentro del plazo de 120 que fijó el fallo de diciembre pasado.

Pero más allá de los déficits en cada poder, las fuentes de la Corte insisten en que el objetivo es volver a recrear una dinámica de colaboración para poder mostrar resultados a una sociedad que los demanda y de devolver a la política al ámbito de las grandes decisiones.

En el tribunal supremo dicen no querer decidir sobre los grandes temas pendientes como “cárceles” o “eutanasia” en un encuentro entre cuatro personas pero advierten que si la política no funciona esos temas se judicializan, llegan a la Corte, y entonces no pueden sino resolver.

En paralelo, el Senado -por iniciativa del oficialismo- comenzó a debatir una reforma de la Corte Suprema en base a los proyectos de los senadores Adolfo Rodríguez Saá (Frente Unidad Justicialista), Clara Vega (Fuerza Cívica Riojana) y Alberto Weretilnek (Juntos somos Río Negro), en base a la idea de darle al tribunal supremo una composición más federal y con más presencia de la mujer.

La condición federal también fue uno de los rasgos centrales de la propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura que obtuvo media sanción en el Senado y ahora se discute en Diputados, sobre una composición de 17 miembros, sin el presidente de la Corte, y con una representación dividida en cuatro grandes zonas del país.

El problema de esa reforma del Consejo es que desde la coalición Juntos por el Cambio ya anunciaron que se opondrán y que si, como resultado de la negociación política se llega a sancionar, será rápidamente judicializada porque no participa la Corte o porque se considerará que hay falta de balance entre consejeros técnicos y políticos, como ocurrió con la composición previa al 18 de abril de este año.

Por lo pronto, el Consejo debe completar su integración y ese resorte está en manos de los miembros del máximo tribunal, cuyos voceros descartan que la convocatoria se vaya a extender por mucho más que la semana próxima.