El gobernador bonaerense negó que la mujer detenida en una causa por presunto lavado de $27.000 millones sea una funcionaria de su gestión y afirmó que pertenece al Poder Judicial provincial.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce de Clarín y del periodista Daniel Santoro por una publicación que vinculó con su gestión a una mujer detenida en una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero. El mandatario aseguró que la persona involucrada es empleada del Poder Judicial bonaerense y que nunca tuvo relación laboral con el Ministerio de Justicia provincial.
La controversia se originó a partir de una nota publicada por Clarín sobre la detención de Albertina Mangini, en el marco de una causa que investiga una presunta organización dedicada a realizar maniobras financieras utilizando datos biométricos e identidades de terceros. Según la información publicada, la investigación analiza movimientos por alrededor de $27.000 millones.
Kicillof cuestionó la forma en que se presentó la información
A través de su cuenta oficial en X, Kicillof sostuvo que Clarín y Santoro afirmaron “maliciosamente” que había sido detenida una “funcionaria de Kicillof”.
El gobernador planteó que la persona demorada pertenece al Poder Judicial y que “no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”. Además, cuestionó que, luego de una primera desmentida, el medio mantuviera una presentación que, según su interpretación, seguía asociando el caso con el Ejecutivo bonaerense.
“Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia. Se nota mucho, Clarín”, escribió Kicillof en el cierre de su publicación.
¿Dónde está la diferencia?
El punto central de la discusión no es si existe una investigación judicial ni si hubo una persona detenida. Eso ocurrió y forma parte de una causa penal en trámite.
La disputa está en cómo se identifica institucionalmente a la persona involucrada.
Kicillof sostiene que no se trata de una funcionaria del Poder Ejecutivo provincial. Distintas publicaciones posteriores también señalaron que la mujer es una empleada vinculada al Poder Judicial bonaerense.
El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, también salió a aclarar la situación y sostuvo que la persona detenida no trabajó para el Patronato de Liberados provincial, sino que es una funcionaria judicial de la Procuración General bonaerense.
Una causa millonaria que sigue bajo investigación
Más allá de la disputa política y mediática, la investigación judicial continúa. El expediente analiza una presunta estructura que habría utilizado datos personales y biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas y canalizar dinero, en una operatoria que habría alcanzado cifras millonarias.
La Cámara de Apelación, además, confirmó la detención de Mangini al rechazar un hábeas corpus presentado por su defensa, según informó Clarín.
Esto permite separar dos discusiones que se mezclaron en las últimas horas: por un lado, la investigación penal sobre la presunta maniobra financiera; por otro, la responsabilidad institucional de la persona detenida y la forma en que distintos actores políticos y medios presentaron su vínculo con el Estado bonaerense.
El trasfondo político de la disputa
La reacción de Kicillof también se inscribe en un escenario de fuerte confrontación política entre el gobernador bonaerense y sectores mediáticos que cuestionan su administración.
Pero hay una cuestión periodística que excede esa pelea: cuando una persona es presentada como “funcionaria de” un gobierno, la precisión sobre a qué poder del Estado pertenece resulta determinante.
No es lo mismo integrar el Poder Ejecutivo, trabajar para el Poder Judicial o desempeñarse en otro organismo estatal. Esa diferencia modifica la responsabilidad política que puede atribuirse a una administración.
Por ahora, Kicillof exige una rectificación pública y sostiene que la información difundida por Clarín fue falsa en cuanto al vínculo laboral con su gobierno. La causa judicial, en tanto, continúa su propio recorrido y deberá determinar las responsabilidades penales que correspondan.
