Un juez federal declaró inconstitucional la cláusula del decreto que había frenado la norma y ordenó al Gobierno nacional poner en marcha de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la cláusula del decreto con el que el Poder Ejecutivo había suspendido su puesta en vigencia.
La decisión fue tomada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires contra el Estado nacional.
El fallo cuestionó una parte del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó la Ley 27.795. Esa norma había quedado firme luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial. Sin embargo, el decreto condicionaba su aplicación a que el Congreso definiera los recursos necesarios e incorporara las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.
Qué ordenó la Justicia
Cormick consideró que esa condición funcionaba, en los hechos, como una forma de impedir que una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto pudiera aplicarse.
Por eso, declaró inconstitucional la frase incluida en el decreto que subordinaba la ejecución de la ley a lo establecido en el artículo 5° de la Ley 24.629. Esa referencia exigía que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento antes de habilitar las erogaciones previstas.
La resolución ordena al Poder Ejecutivo dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
En términos simples: la Justicia le indicó al Gobierno que no puede dejar sin efecto una ley mediante un decreto o mediante requisitos que impidan que entre en funcionamiento.
El conflicto por las universidades
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso con el objetivo de garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas, en un contexto de reclamos por el presupuesto, los salarios docentes y no docentes y los gastos de las instituciones.
El Gobierno nacional había vetado la norma, pero el Congreso rechazó ese veto. Aun así, al promulgar la ley, el Ejecutivo incluyó una condición que, según el juez, suspendía en la práctica su aplicación.
La decisión judicial vuelve a poner en el centro del debate la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El punto central es si el Gobierno puede frenar por decreto una ley que fue aprobada por los legisladores y luego ratificada tras el rechazo de un veto presidencial.
Un fallo con impacto político
El fallo representa un revés judicial para el Gobierno de Javier Milei. No solo exige la aplicación de la ley: también cuestiona el mecanismo utilizado para limitar sus efectos.
La resolución refuerza el principio de que una ley aprobada por el Congreso debe ser aplicada, salvo que la Justicia la declare inválida. En este caso ocurrió lo contrario: fue declarado inconstitucional el artículo del decreto que bloqueaba la ejecución de la norma.
El Gobierno deberá decidir ahora si cumple el fallo, si dicta las reglamentaciones necesarias o si apela la resolución ante una instancia superior.
Hasta el momento, la información difundida señala que el fallo ordena avanzar de inmediato con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. No se conocieron aún detalles sobre una eventual apelación oficial.
Qué significa para Tierra del Fuego
La discusión también impacta en Tierra del Fuego, donde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego forma parte del sistema universitario público nacional.
La definición sobre el financiamiento puede afectar recursos destinados al funcionamiento de las universidades, las condiciones de cursada, las actividades de investigación, las becas y los salarios de docentes y no docentes.
El reclamo universitario se convirtió en uno de los principales conflictos entre el Gobierno nacional y el sistema educativo superior durante el último año. La decisión judicial abre una nueva etapa en ese escenario.
