El magistrado federal rechazó habilitar la feria judicial para analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobernador Melella. Derivó el expediente a Fiscalía y observó al letrado provincial por una cuestión formal.
Un revés judicial para Tierra del Fuego: el juez Calvete postergó hasta marzo el tratamiento de la denuncia por el Puerto de Ushuaia
En una decisión que representa un revés procesal para la estrategia legal del Gobierno de Tierra del Fuego, el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, resolvió no habilitar la feria judicial para tratar la denuncia presentada por el gobernador Gustavo Melella contra la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. El magistrado consideró que no hay “razones de urgencia” que justifiquen un tratamiento en el receso de verano, por lo que el caso quedará postergado hasta al menos marzo, cuando se reinicie la actividad judicial ordinaria.
La resolución, emitida en “tiempo récord” según destacan los antecedentes, no solo dilata el análisis de fondo sobre la inconstitucionalidad de la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), sino que también incluyó una observación directa al abogado del gobierno provincial, Emiliano Fossatto, a quien se le recordó que “para litigar ante la Justicia Federal del interior del país debe contar con matrícula federal”.
Derivación a Fiscalía y cuestionamientos previos
En lugar de analizar el fondo del conflicto, el juez Calvete optó por girar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, asignando a un fiscal ad hoc la tarea de evaluar aspectos previos cruciales. El magistrado encomendó a la Fiscalía que analice:
- La competencia de la Justicia Federal para intervenir en este conflicto.
- Si la acción promovida por Melella y la medida cautelar solicitada reúnen los requisitos formales para su tratamiento.
- La legitimación del gobernador para presentarse directamente ante la Justicia Federal sin la intervención del Fiscal de Estado, dado el carácter institucional del reclamo.
Para estas diligencias, se estableció un plazo perentorio de dos días al fiscal designado, aunque esto no implica que el caso avanzará sustancialmente antes del fin del receso judicial.
Fallo que posterga la urgencia provincial
En los fundamentos de su decisión, Calvete consideró que, debido a la naturaleza del reclamo —vinculado a la eventual declaración de inconstitucionalidad de una medida del Gobierno nacional—, no se verifican razones de urgencia que justifiquen la habilitación de la feria. Este criterio choca frontalmente con la postura provincial, que había alegado “daños de magnitud” y la “sustracción de recursos propios” como argumentos para un tratamiento expedito.
La observación sobre la matrícula federal de Fossatto añade un componente de tensión procedimental al caso. Si bien el abogado provincial se presentó como apoderado legal de la Provincia, el juez dejó constancia de esta exigencia formal, un punto que podría ser utilizado en futuras impugnaciones por la contraparte.
Implicancias políticas de la dilación judicial
La postergación del tratamiento judicial representa un triunfo táctico para el Gobierno nacional, que podrá continuar con la intervención del puerto durante todo el verano —temporada alta de operaciones portuarias— sin una orden judicial que la suspenda. Para la administración de Melella, en cambio, significa que su ofensiva legal quedará en pausa por al menos seis semanas, período en el que la ANPyN consolidará su gestión y control sobre los recursos financieros del puerto.
El conflicto, que estalló el 21 de enero cuando personal de la ANPyN ingresó al puerto escoltado por Prefectura, se judicializó rápidamente como parte de la estrategia provincial para revertir lo que califica como una “medida arbitraria” que viola la autonomía fueguina. Sin embargo, esta primera resolución judicial enfrió las expectativas de una solución rápida a través de los tribunales.
El expediente quedará ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, cuya opinión será determinante para que, una vez finalizado el receso, el juez Calvete decida si admite o no la acción de inconstitucionalidad promovida por Melella. Mientras tanto, la pulseada política por el control del puerto más austral del país continuará en el terreno administrativo y mediático.
Con información de Diario Prensa
