El presidente de UISE advirtió que la decisión del Gobierno nacional de congelar el aporte a la tarifa social del transporte público incrementará la carga financiera sobre los municipios y afectará a jubilados, beneficiarios de AUH y otros sectores vulnerables.
Labroca alertó que la modificación de la tarifa social nacional traslada costos a los municipios y perjudica a los sectores vulnerables
El presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado, José Labroca, manifestó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de financiamiento de la tarifa social del transporte público, una medida que, según advirtió, trasladará mayores costos a provincias y municipios y afectará directamente a los sectores con menores ingresos.
La preocupación surge tras la implementación de la Resolución 40/2026, que establece que el aporte nacional para financiar el descuento del 55% de la tarifa social continuará vigente, pero calculado únicamente sobre el valor del boleto vigente al 30 de junio de este año.
El impacto de la nueva tarifa social
Labroca explicó que, a partir de esta modificación, cualquier incremento futuro en la tarifa del transporte deberá ser absorbido por los gobiernos provinciales o municipales.
“El Gobierno nacional decidió congelar el aporte para la tarifa social. Cada vez que aumente el boleto, esa diferencia deberá ser afrontada por las provincias o, en nuestro caso, por el Municipio”, señaló.
El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, titulares de la Asignación por Embarazo, personal de casas particulares, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales y personas que reciben prestaciones sociales nacionales.
Crece la presión sobre los municipios
El titular de UISE sostuvo que la medida se implementa en un contexto de fuerte incremento de los costos operativos del transporte público, especialmente en combustibles y salarios, que representan más del 60% de la estructura de gastos del sistema.
“Estamos hablando de personas que utilizan el colectivo para acceder a servicios esenciales, como hospitales, escuelas o trámites. Es un beneficio destinado a proteger a quienes tienen menores ingresos”, afirmó.
Asimismo, advirtió que la situación del transporte público se ha vuelto crítica en distintos puntos del país, con reducción de frecuencias y suspensión de servicios debido al aumento de costos y la disminución del acompañamiento nacional.
El esfuerzo económico del Municipio de Ushuaia
Labroca destacó que el sistema de transporte de Ushuaia puede sostenerse gracias al esquema de financiamiento de UISE y al respaldo económico municipal.
Según precisó, si la empresa no contara con ingresos complementarios provenientes de otras unidades de negocio, el Municipio debería destinar aproximadamente 8.000 millones de pesos anuales para garantizar la prestación del servicio.
“Cuando la Nación congela el financiamiento de la tarifa social, el costo no desaparece: alguien tiene que asumirlo. Si no lo hace el Estado nacional, termina recayendo sobre los municipios”, concluyó.
