Intervención del Puerto de Ushuaia: Tierra del Fuego ampliará su presentación ante la Corte Suprema

El Gobierno de Tierra del Fuego incorporará la Resolución 69/2026 de la ANPyN a la causa que tramita ante la Corte Suprema y cuestionará las obras, los fondos y la situación de los trabajadores.


El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur prepara nuevas acciones judiciales y administrativas para cuestionar la continuidad de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. La información fue confirmada por la secretaria de Coordinación Legal, Mariángeles Arroyo.

La Provincia incorporará la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) a la causa que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la funcionaria, la prórroga de la intervención será presentada como un hecho nuevo dentro de la ampliación de demanda y como un agravante de la situación cuestionada.

“Esta resolución nos da más elementos para atacar estos actos administrativos”, afirmó Arroyo.

Cuestionamientos a las obras

Uno de los principales reclamos del Gobierno provincial apunta a los fundamentos utilizados por Nación para justificar la intervención, en particular las supuestas deficiencias de infraestructura y el plan de obras presentado por la autoridad nacional.

Según detalló la secretaria, de las nueve obras incluidas en la planificación dentro del apartado “obras en ejecución”, solamente una se encuentra efectivamente en ejecución desde septiembre. Las restantes tienen fechas previstas que se extienden entre diciembre de 2026 y diciembre de 2028.

“Es grave que envíen esta información, es grave que mientan de esta manera en actos administrativos, y la gravedad que implica esto, sea el fundamento de una intervención provincial”, sostuvo Arroyo.

La funcionaria también señaló que buena parte de los trabajos anunciados por la ANPyN ya estaban contemplados en los planes de la Dirección Provincial de Puertos y contaban con expedientes administrativos en trámite. Por ese motivo, cuestionó que esas obras sean utilizadas como argumentos para sostener la intervención.

“No es una modernización integral”

Arroyo puso en duda el alcance de las tareas proyectadas y consideró que no representan un proceso de modernización integral de la terminal portuaria.

“La mayoría de las obras son de uno o dos meses de extensión en el plazo de ejecución, por lo cual son obras menores, claramente no es una modernización del puerto de Ushuaia”, afirmó.

En ese sentido, el Gobierno provincial sostiene que las medidas anunciadas no justifican la continuidad de la intervención nacional sobre el puerto.

Situación de los trabajadores

Otro de los aspectos cuestionados por la secretaria de Coordinación Legal tiene que ver con la situación de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos. Arroyo criticó el desplazamiento de personal dispuesto durante la intervención y aseguró que la Provincia continúa afrontando el pago de los salarios de trabajadores que quedaron fuera de la administración nacional.

“Cualquier intervención toma la administración junto con todos sus trabajadores. Nunca se desplazó de esa manera”, expresó.

Además, advirtió que una prolongación de esta situación podría generar dificultades para sostener las obligaciones salariales que actualmente asume la Provincia.

Pedidos de información

La funcionaria reclamó que la Nación brinde información sobre los ingresos generados por la actividad portuaria durante la intervención y el destino de esos recursos. Según indicó, la Dirección Provincial de Puertos y otros organismos realizaron pedidos de información que hasta el momento no habrían obtenido respuesta.

La falta de precisiones sobre la administración de los fondos constituye otro de los puntos que el Gobierno fueguino busca incorporar a sus cuestionamientos administrativos y judiciales.

Con la prórroga de la intervención como nuevo elemento, la Provincia avanzará en la ampliación de su presentación ante la Corte Suprema y continuará con las actuaciones administrativas correspondientes.

“La solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial”, concluyó Arroyo.

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