La ministra de Energía aseguró que el 60% de la factura lo fija Nación y que la ley era “inequitativa” al beneficiar por igual a sectores vulnerables y de alto poder adquisitivo.
Tierra del Fuego AIAS – La ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, defendió el veto del Ejecutivo a la iniciativa legislativa que buscaba prohibir los cortes por mora en los servicios de agua, gas y electricidad y retrotraer las tarifas a los valores de diciembre pasado. La funcionaria calificó la medida como “inviable” desde lo financiero y lo legal, y advirtió que su aplicación habría puesto en riesgo la continuidad de las prestaciones en todo el territorio fueguino.
Castillo explicó que el 60% de la factura que pagan los usuarios lo determina el Gobierno Nacional a través del precio de la energía, por lo que la Provincia no puede congelar unilateralmente los valores sin generar un fuerte desfinanciamiento. “Si la Provincia congelara sus tarifas, no tendría el dinero suficiente para pagarle a la Nación”, afirmó. En ese sentido, señaló que tanto la Cooperativa Eléctrica como la Dirección Provincial de Energía (DPE) habrían acumulado deudas y enfrentado sanciones.
Respecto del gas natural, la Ministra remarcó que las tarifas tampoco las define el Ejecutivo fueguino, sino que las habilita la Secretaría de Energía de la Nación. Retrotraer los valores, añadió, habría derivado en un conflicto legal sin resolver el problema estructural de los costos energéticos.
Otro de los argumentos centrales del veto es el carácter “inequitativo” de la iniciativa. Castillo sostuvo que el proyecto otorgaba el mismo beneficio a sectores vulnerables y a usuarios con alto poder adquisitivo. “No es correcto subsidiar y evitar cortes a personas con alto poder adquisitivo al mismo tiempo que a familias vulnerables”, expresó. Además, observó que la normativa excluía a pequeños comerciantes y kioscos barriales.
En relación al servicio de agua, la Ministra aclaró que actualmente no se realizan cortes y que existen herramientas de asistencia como la tarifa subsidiada para casos sociales y una moratoria de seis meses sin intereses para regularizar deudas. “A nadie se le corta el agua”, remarcó.
Finalmente, Castillo ratificó que el Ejecutivo continuará con mecanismos de ayuda focalizada. “Sepan los vecinos que las oficinas de la DPOSS y de la DPE están abiertas para que el vecino que necesita hacer una adecuación de pago tenga la posibilidad”, afirmó.
