Tras un informe presentado ante la justicia, el colectivo acusa a la administración de Milei de usar cifras “sobredimensionadas” para justificar el ajuste y demorar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, generando una “grave vulneración de derechos”.
BUENOS AIRES – El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y el Foro Permanente de Discapacidad escaló a un nuevo nivel de tensión. A través de un duro comunicado, el colectivo acusó a la administración de realizar una presentación judicial que calificaron como un “engaño a la población”, al simular el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) sancionada a fines de 2025, mientras no ejecuta las partidas ni los aumentos correspondientes.
La denuncia surge después de que la Procuración del Tesoro presentara un informe el pasado 3 de enero ante el Juzgado Federal de Campana, intentando acreditar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, las organizaciones tacharon la respuesta de “meramente formal” y “especulativa”, señalando una “maniobra dilatoria” para no aplicar las medidas de emergencia.
La disputa por las cifras: ¿ajuste o déficit sobredimensionado?
El núcleo de la denuncia radica en las cifras presentadas por el Gobierno. El Foro afirma que la administración “sobredimensiona” el gasto para instalar un discurso de déficit y estigmatizar a los beneficiarios. “Las cifras carecen de fundamento técnico”, sostienen.
La Ley 27.793 establece una compensación por la brecha entre los aumentos de las prestaciones (2023-2024) y la inflación (IPC). Mientras el Gobierno propone una compensación del 10,5%, los prestadores aseguran que el cálculo es erróneo y que ni siquiera existe un cronograma de pago concreto.
Tres frentes de “silencio estatal” y vulneración
El comunicado del Foro enumera tres áreas críticas donde el “silencio estatal” afecta directamente la sostenibilidad del sistema:
- Deudas con ARCA: La ley contempla la refinanciación de deudas generadas por el congelamiento de aranceles frente a la suba de salarios de trabajadores del sector. El Estado no ha emitido ninguna normativa al respecto, dejando a las prestadoras en una situación financiera crítica.
- Programa Incluir Salud: El Foro advierte que el Gobierno solo describe el impacto presupuestario, pero no explica cómo se garantizará la atención médica efectiva para las personas con discapacidad durante 2026, poniendo en riesgo su cobertura sanitaria.
- Talleres Protegidos: Persiste el silencio oficial sobre el aumento del apoyo mensual que perciben los trabajadores con discapacidad en estos espacios, congelando sus ingresos frente a la inflación.
Un cierre contundente: “Manifiesta cumplir sin cumplir”
La conclusión del Foro es tajante: “El Gobierno Nacional manifiesta cumplir sin cumplir”. Califican la presentación judicial como un “engaño” que genera una “grave vulneración de derechos para uno de los sectores más frágiles de la sociedad”, exigiendo acciones concretas y el inmediato desembolso de los fondos establecidos por la ley.
La pelota vuelve a estar en la cancha de la justicia federal, que deberá evaluar si el informe presentado por el Gobierno constituye un acatamiento real o, como sostiene el colectivo, una simulación que profundiza la crisis en el sector.
