Exfuncionarios del SPF reconocieron intercambio de información pero negaron espionaje

Dos exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) reconstruyeron en sus respectivas indagatorias cómo circulaba por sus teléfonos información vinculada con los detenidos de los penales de Ezeiza y Marcos Paz pero aseguraron que se trataba de intercambios vinculados a sus funciones y no a tareas de espionaje ilegal.

Las declaraciones indagatorias ocurrieron en el marco de la causa por el supuesto espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora y estuvieron circunscriptas a la información que surge del “Legajo 9”, referido a las tareas de presunto espionaje ilegal desplegado sobre personas privadas de su libertad, sus entornos y hasta su abogados.

Las declaraciones de los imputados Fernando Carra (exasesor de la dirección del SPF y luego a cargo de la Oficina de Promoción de Derechos Humanos) y Miguel Ángel Perrota (exdirector de Asuntos Internos) ocurrieron ayer y se extendieron hasta las primeras horas de la noche, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.

La declaración de Carra duró seis horas y fue en un tono que resultó insultante para los investigadores judiciales.

Antes, el juez federal Juan Pablo Auge, el abogado Carra -quien fuera asesor de Emiliano Blanco durante parte su gestión como titular del SPF- acusó a los fiscales de armar una imputación en su contra para quedar bien con alguien.

Por momentos a los gritos y sin privarse de soltar algunos insultos y calificaciones agresivas para los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona, Carra remarcó que la información que obtenía de las personas privadas de su libertad no tenía que ver con inteligencia ilegal sino con pedidos que ellos le hacían: “Los presos sabían que yo era el tipo que lidiaba entre el SPF y ellos y las organizaciones”, dijo.

Sobre sus intercambios de información con el exencargado del área de Inteligencia del SPF, Cristina Suriano, sostuvo que se trataba de información vinculadas a la seguridad dentro de los penales y que por lo general tenían que ver con venta de droga, intentos de fuga y hasta venta de celulares por parte de empleados del servicio que los habían secuestrado durante distintas requisas.

“¿De qué carajo voy a hablar con Suriano si no es de cuestiones de Seguridad, le voy a compartir recetas de cocina?”, soltó Carra durante la indagatoria que acompañó con un escrito de más de 70 páginas: fue más bien un monólogo porque los fiscales desistieron de interrogarlo tras constatar la forma en la que se dirigía a ellos.

La declaración de Perrota fue en otro tono y mucho más corta, pero tuvo un momento tensión cuando los fiscales le preguntaron por un mensaje que le había enviado a Blanco el 6 de noviembre del año pasado en el que le decía que tenía “disponibles todas las fichas de los presos políticos, en papel y en digital”.

En ese momento Perrota le repreguntó a la fiscalía que entendía por “presos políticos” y tras la intervención del juez Auge para encausar la indagatoria el acusado dijo que ese mensaje tenía que ver con personas que en los años 70 habían estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y que la información se había utilizado para otorgar resarcimientos.

Tal como había ocurrido en indagatorias anteriores a exintegrantes del SPF no pudieron explicar como parte de la información que circuló por sus teléfonos celulares luego fue a parar a manos de exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia que también están acusados por supuesto espionaje ilegal.

Entre las víctimas del espionaje ilegal desplegado contra personas que están o estuvieron detenidas se encuentran el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime; los empresarios Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabián De Sousa y Cristóbal López, el abogado Jorge Chueco, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exfuncionario Carlos Santiago Kirchner, el exjefe del ejército César Milani, y el exvicepresidente Amado Boudou.

Para el lunes está prevista la indagatoria del último titular del SPF durante el gobierno de Mauricio Macri, Emiliano Blanco, y del ex director del área de jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefano.