La Secretaría de Energía canceló la licitación que iba a adjudicarse a Naturgy o Trafigura. El Estado prioriza el control de precios frente a la inflación, mientras distribuidoras advierten por costos no reconocidos.
BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional dio marcha atrás con uno de sus proyectos de desregulación más emblemáticos y dispuso que ENARSA continúe al frente de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para afrontar la demanda invernal, cancelando una licitación que ya se encontraba en etapa final.
La decisión de la Secretaría de Energía, respaldada por el Ministerio de Economía, prioriza el control de la inflación por sobre la apertura del mercado. El Palacio de Hacienda no está dispuesto a convalidar que el costo del GNL importado —volátil por la guerra en Medio Oriente— se traslade íntegramente a las tarifas en un contexto económico sensible.
Una licitación truncada en el umbral de la firma
El proceso licitatorio había reducido la competencia a un duelo entre dos empresas: Naturgy, que presentó una prima de 4,50 dólares por millón de BTU, y Trafigura, con una oferta de 4,57 dólares. Sin embargo, la comunicación oficial de esta semana canceló el proceso, dejando la estrategia de privatización como una promesa pendiente.
ENARSA operará como “proveedor de última instancia” y ya tiene prevista la compra de entre 10 y 12 barcos para junio y julio, lo que suma un total aproximado de 20 buques para toda la temporada. La parálisis de la reforma genera un efecto colateral crítico: las distribuidoras locales operan a ciegas, sin saber a qué precio podrán comprar el gas para enfrentar el invierno.
Presión sobre tarifas y amenaza de desabastecimiento
El trasfondo de la decisión es una negociación tensa entre el Gobierno, las distribuidoras y las productoras. Estas últimas negocian contratos para el pico de consumo invernal a precios que podrían superar los 10 dólares por millón de BTU, mientras que la tarifa actual apenas reconoce 3,80 dólares. La brecha es enorme.
En el Ministerio de Economía evalúan autorizar un precio intermedio de 5 o 6 dólares y diferir el resto mediante un mecanismo contable llamado Diferencias Diarias Acumuladas (DDA’s). Sin embargo, las distribuidoras se niegan a firmar. Su argumento es contundente: ese sistema “no funcionó en los últimos 20 años”. Asumir ese costo financiero sin garantías de recupero, advierten, es inviable.
En juego hay unos 10 millones de metros cúbicos diarios, que representan el 10 por ciento del pico de demanda invernal. La diferencia no reconocida rondaría los 62 millones de dólares en toda la temporada. El plazo para presentar los contratos ante el Enargas vence el 30 de abril. Sin una definición oficial clara, ninguno de los actores quiere dar el primer paso.
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Fuente: CEPA
