Con 40 votos afirmativos, la Cámara alta dio media sanción al proyecto que modifica la protección de glaciares y permite actividades económicas en zonas periglaciares. Karina Milei y Diego Santilli celebraron desde el palco. La oposición advierte sobre el riesgo hídrico.
En una sesión caliente, con incidentes previos en las puertas del Congreso y un debate que expuso las grietas del federalismo argentino, el oficialismo impuso su número y dio media sanción a la controvertida reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa, que ahora deberá tratarse en Diputados, abre la puerta a la explotación minera e hidrocarburífera en zonas periglaciares que no acrediten función hídrica. La oposición denunció un “retroceso ambiental” y advirtió sobre el impacto en las reservas de agua estratégicas.
La noche del jueves en el Senado tuvo todos los condimentos de una novela política: votación ajustada, gritos desde las bancas, palcos repletos de funcionarios eufóricos y una docena de ambientalistas detenidos tras intentar saltar las rejas del Palacio Legislativo.
Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, la Cámara alta aprobó la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, una norma que permanecía intacta desde 2010 y que blindaba tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares. La votación desató la celebración del círculo rojo libertario: desde una de las plateas del recinto, Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem siguieron el desenlace y estallaron en aplausos cuando se confirmó el resultado [información provista por el usuario].
El proyecto, que ahora deberá obtener sanción definitiva en Diputados una vez que comiencen las sesiones ordinarias, era un compromiso asumido por el Ejecutivo con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan destrabar inversiones mineras e hidrocarburíferas.
Menos rigidez, más inversión: la lógica del oficialismo
El corazón de la reforma es una redefinición del concepto de “ambiente periglacial”. Mientras la ley vigente protege de manera integral estas formaciones –consideradas reservas estratégicas de agua dulce–, la nueva redacción propone distinguir entre aquellas que cumplen una “función hídrica comprobable” y las que no.
En concreto, se mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero se abre una ventana para la explotación en zonas periglaciares que, tras ser evaluadas por el Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA, no demuestren ser reservas hídricas relevantes.
El senador sanjuanino Bruno Olivera (LLA) defendió la iniciativa con énfasis: “Es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual ley. Esta norma viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias”.
Su par rionegrino Enzo Fullone (LLA) sumó: “Esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos. El agua está protegida y esta ley no cambia eso”.
El cordobés Luis Juez, recientemente incorporado a las filas libertarias, dedicó gran parte de su discurso a justificar su cambio de postura –en 2010 había votado a favor de la ley original– y apuntó contra la oposición: “Esto parece un campeonato de hipocresía y de cinismo. Hoy pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos”.
“No es agua o trabajo”: el cierre de Bullrich
El último discurso antes de la votación estuvo a cargo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección ambiental y desarrollo productivo.
“Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo”, enfatizó, y señaló que “no se toca la columna vertebral de la ley” ya que los glaciares siguen siendo considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos con total protección.
Bullrich lamentó que la “confusión” actual haya paralizado una cantidad importante de inversiones y aseguró que, con una mejor delimitación de las zonas que no contienen reservas hídricas, se podrán atraer proyectos que generarán trabajo y producción local.
En un tono que buscó despegarse del ambientalismo “extremista”, la ex ministra de Seguridad diferenció: “El verdadero ambientalismo del siglo XXI no es un ambientalismo que prohíba. Es un ambientalismo que tenga tecnología, controles, transparencia y previsibilidad”.
La oposición: “Están rifando el agua por dólares urgentes”
Del otro lado del mostrador, el arco opositor se unió en un coro de denuncias que combinó argumentos científicos, jurídicos y políticos.
El rionegrino Martín Soria (Justicialista) fue uno de los más duros: “Esto no es un proyecto técnico con fines ambientales, es una reforma ideológica, totalmente servil. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones, totalmente subordinados a los intereses del mercado global”.
Soria advirtió que las zonas periglaciares que quedarían sin protección representan “entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas que vienen de 15 años de incendiarse”.
Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) fue en la misma línea: “La necesidad de dólares urgentes no nos puede llevar a rifar riquezas naturales que no vamos a poder recuperar ni con todo el oro del mundo. Esto no es una modificación técnica, es una ley que flexibiliza estándares ambientales. Pasamos de un paradigma científico a un criterio discrecional y político”.
La senadora kirchnerista advirtió que la iniciativa pone a competir a las provincias en un “dumping flexibilizador” para ver cuál trae más inversiones, en lugar de cooperar entre ellas.
Alicia Kirchner (Justicialista) fue contundente: “Con este proyecto hay retroceso institucional. El agua es un recurso estratégico. Si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica”.
Por su parte, Edith Terenzi (Despierta Chubut) advirtió sobre los vicios de forma: “Impulsar una reforma regresiva con visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad jurídica, sino todo lo contrario. Desconoce la doctrina de la Corte Suprema y compromisos internacionales como Escazú”.
El dato científico que inquieta
Detrás del debate político, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET) emitió en los últimos meses comunicados que ponen en contexto la discusión. Según explicaron especialistas del organismo, el ambiente periglacial –definido por la presencia de permafrost o suelo permanentemente congelado– representa reservas hídricas subterráneas clave para las provincias cordilleranas .
Los glaciares de escombros, representativos de este ambiente, pueden contener entre un 35% y un 70% de hielo en su interior y cumplen una función hidrológica esencial, aportando entre un 25% y un 50% del caudal total en cursos de agua de los Andes Áridos, especialmente en años de sequía .
De hecho, el primer Inventario Nacional de Glaciares, presentado en 2018, identificó 16.968 cuerpos de hielo en la Cordillera de los Andes y las Islas del Atlántico Sur, con una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados . La actualización parcial de 2024 ya mostró una reducción del 17% en la superficie de glaciares en la región de los Andes Desérticos en apenas una década .
Incidentes y represión en la previa
La jornada legislativa estuvo precedida por momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso. Una docena de activistas de Greenpeace fueron detenidos tras saltar las rejas del Palacio con la intención de alterar el desarrollo de la sesión. Pero el episodio más grave ocurrió cuando un camarógrafo de A24 fue agredido por fuerzas de seguridad mientras intentaba registrar los ataques con gas pimienta contra los manifestantes [información provista por el usuario].
Lo que viene
Con media sanción en el Senado, la reforma de la Ley de Glaciares pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá recomponer consensos para lograr la sanción definitiva. El escenario es incierto: la oposición anticipa una batalla en cada comisión y no descarta presentar recursos judiciales si la norma se aprueba.
Mientras tanto, las provincias cordilleranas –especialmente San Juan, Catamarca y Mendoza– siguen con atención los pasos de una ley que podría transformar el mapa productivo de la alta montaña argentina. La pregunta que queda flotando es la misma que atravesó todo el debate: ¿cuánto estamos dispuestos a flexibilizar en nombre del desarrollo?
Con información: Agencia NA
