La Eurocámara decidió enviar el tratado de libre comercio al Tribunal de Justicia de la UE, una jugada política que retrasa su aplicación, expone tensiones internas en Europa y vuelve a poner en debate el impacto del libre comercio sobre las industrias nacionales.
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur sumó este miércoles un capítulo decisivo que redefine su hoja de ruta. El Parlamento Europeo resolvió remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una decisión que posterga su entrada en vigor y abre una instancia de revisión jurídica que introduce incertidumbre política, económica y comercial.
La moción fue aprobada en Estrasburgo por un margen mínimo —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, reflejando una fuerte división interna dentro del bloque comunitario, según informó AFP. Con esta resolución, el TJUE, con sede en Luxemburgo, deberá evaluar si el acuerdo firmado el pasado 17 de enero en Asunción se ajusta plenamente a los tratados fundacionales de la Unión.
Aunque la Comisión Europea dejó abierta la puerta a una aplicación provisional del acuerdo mientras avanza el análisis judicial, la decisión parlamentaria representa, en los hechos, un freno político significativo. Desde Bruselas, el portavoz comunitario Olof Gill cuestionó la medida al señalar que “las cuestiones planteadas en esta moción no están justificadas”, marcando el malestar del Ejecutivo europeo ante una jugada que dilata una de sus apuestas estratégicas en materia comercial.
La votación coincidió con protestas masivas de agricultores franceses, que se manifestaron con tractores frente a la sede del Parlamento en Estrasburgo. Para el sector agropecuario europeo, el acuerdo con el Mercosur simboliza una amenaza directa a la producción local frente a importaciones más competitivas en costos. “Podemos estar orgullosos, llevamos meses y años trabajando en este tema”, afirmó Quentin Le Guillous, secretario general de Jóvenes Agricultores, celebrando el resultado.
En la misma línea, el canciller francés Jean-Noël Barrot destacó que la Eurocámara “se expresó en coherencia con la posición de Francia”, uno de los países que lidera la resistencia al tratado por su potencial impacto negativo sobre la industria agrícola y la soberanía productiva.
Desde el otro extremo del tablero europeo, el canciller alemán Friedrich Merz criticó duramente la decisión y sostuvo que el Parlamento “fracasó en reconocer la situación geopolítica actual”, reclamando avanzar con la aplicación provisional del acuerdo. Alemania, con un perfil industrial exportador, ve en el Mercosur una oportunidad de expansión para su sector automotriz y manufacturero.
Un acuerdo ambicioso bajo revisión
Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo UE–Mercosur apunta a eliminar aranceles sobre más del 90 % del comercio bilateral y a conformar una de las mayores zonas de libre comercio del planeta. El diseño del tratado favorece principalmente a las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras facilita el acceso al mercado europeo de productos agroindustriales sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja.
Según estimaciones citadas por AFP, las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían crecer un 39 %, frente a un aumento del 17 % de las ventas del bloque sudamericano hacia Europa. Esta asimetría es uno de los puntos más cuestionados por sectores críticos, que advierten sobre el riesgo de profundizar desequilibrios comerciales y debilitar industrias nacionales en nombre de un libre comercio sin salvaguardas suficientes.
La intervención del Tribunal de Justicia introduce ahora una pausa estratégica que, más allá del plano jurídico, reabre un debate de fondo: hasta qué punto los acuerdos de libre comercio, promovidos como motores de crecimiento, contemplan de manera efectiva la protección del empleo, la producción local y la sostenibilidad de los sectores estratégicos. En ese dilema, el acuerdo UE–Mercosur queda, por el momento, en suspenso.
