El Ministerio de Seguridad de la Nación llama al diálogo con la comunidad mapuche en Río Negro

El Gobierno de la provincia de Río Negro anunció hoy que presentará una denuncia contra la comunidad mapuche ante la Justicia federal por los ataques realizados contra la oficina de turismo de El Bolsón y un campamento de Vialidad en Bariloche, tras lo cual el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, instó a las partes a un diálogo para encontrar una situación que “satisfaga a ambos”.

A través de un comunicado publicado en la página oficial del Gobierno provincial, se indicó que también se solicitará “la actuación de las fuerzas federales de seguridad para actuar en la región y prevenir nuevos hechos vandálicos de esta naturaleza”.

Según comunicó oficialmente la provincia, la gobernadora Arabela Carreras se contactó por la mañana con el ministro Fernández para interiorizarlo de la situación y requerirle la presencia de las fuerzas federales de seguridad con el objetivo de “salvaguardar la integridad de las personas de la zona y de los bienes públicos”.

Por su parte, Fernández sostuvo que la mandataria provincial le contó en ese diálogo su “visión y las acciones que iba a llevar a la práctica”.

En declaraciones a Canal 9, el titular de la cartera de Seguridad planteó que “hay que encontrar una mesa, que está previsto, donde se puedan sentar autoridades y los jóvenes que participan de la comunidad mapuche para hablar y encontrar una salida que satisfaga medianamente a todos”.

La decisión del gobierno provincial surge luego de dos episodios violentos: en la noche del pasado domingo, cerca de las 23, un grupo de desconocidos prendió fuego a un depósito de Vialidad provincial y dos máquinas viales en el campamento de esa dependencia ubicado en el camino al Cerro Catedral.

Este hecho se suma al incendio intencional de un centro de informes turísticos en ruta 40 y Pastorino, en el acceso sur de la localidad de El Bolsón, ocurrido el pasado domingo.

En la presentación judicial, el gobierno rionegrino invocará el artículo 213 del Código Penal, en el cual se alude a quien “tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Carreras remarcó hoy, en declaraciones a medios locales, que desde su administración no avalarán “ningún tipo de violencia, sin importar el sector del cual provenga, porque esta no es la forma de resolver las diferencias con el Estado”.

“A primera hora de este lunes solicité a Nación la colaboración de las fuerzas federales de seguridad, porque este tipo de hechos no sólo son un ataque contra la institucionalidad de la provincia, sino que significan un eventual riesgo para nuestros vecinos. No vamos a permitir que se tome a los rionegrinos de rehenes en ninguna circunstancia”, aseveró la mandataria provincial.

El ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler, afirmó hoy en El Bolsón que “el impacto no solamente refiere a las pérdidas materiales, que alcanzan los $10.000.000, sino que también se trata de una obra muy simbólica después de lo vivido en pandemia por el sector turístico”.

“Apenas se esclarezcan los hechos y la Justicia nos lo permita, vamos a trabajar para que esa obra se vuelva a poner en condiciones y podamos inaugurarla, porque estaba terminada y teníamos fecha de inauguración en los próximos días”, concluyó el funcionario.