Ante el congelamiento del aporte nacional, la provincia readecúa el esquema: los sectores vulnerables siguen protegidos, mientras que barrios privados y casas de fin de semana afrontarán un mayor costo. En marzo, el Estado cubrió el 88% del valor del kilo.
Tierra del Fuego AIAS – El Ministerio de Economía provincial readecuó el esquema de subsidios al gas licuado de petróleo (GLP) para garantizar la sostenibilidad del sistema sin desproteger a los sectores más vulnerables. La medida, que mantiene el esfuerzo financiero del Estado fueguino por encima del 80% del costo total, introduce ajustes para barrios privados y viviendas de uso ocasional.
Así lo confirmó el titular de la cartera económica, Alejandro Barrozo, quien explicó que la decisión responde a la situación financiera provincial, agravada por el congelamiento del aporte nacional al subsidio. Mientras Nación mantiene fijo su contribución, la provincia sigue absorbiendo la mayor parte del costo.
Los números son elocuentes. En febrero, el kilo de gas costaba 2.317 pesos: el Gobierno nacional aportó 199 pesos, el usuario pagó 80 pesos, y la provincia cubrió más del 80% restante. En marzo, con un valor de 2.362 pesos por kilo, el esfuerzo provincial superó el 88%. Para abril, con un nuevo incremento previsto en el precio, Nación seguirá aportando 199 pesos congelados, el usuario pasará a abonar 120 pesos (apenas el 5% del costo), y la provincia seguirá financiando más del 86%.
Barrozo subrayó que, históricamente, el Estado provincial se hace cargo de más del 88% del subsidio, una proporción que se incrementó ante la falta de actualización del aporte nacional. Sin embargo, la readecuación impulsada no implica un retiro del acompañamiento estatal, sino una redistribución más equitativa.
En ese sentido, quienes tienen mayor capacidad contributiva —propietarios de viviendas en barrios privados o casas de fin de semana— afrontarán una porción mayor del costo, permitiendo sostener el beneficio para quienes más lo necesitan. Actualmente, el subsidio alcanza a unos 5.800 beneficiarios en toda la provincia: más de 3.500 en Ushuaia, más de 1.800 en Río Grande y 471 en Tolhuin.
Desde el Ministerio de Economía remarcaron que la prioridad es garantizar la continuidad del programa en un contexto de recursos limitados. La decisión, aseguran, refleja una política de equilibrio: mantener la protección social sin comprometer la estabilidad financiera provincial.
