La Provincia aseguró que el Puerto de Ushuaia no se encuentra intervenido, sino que atraviesa un procedimiento administrativo en el que ejerce su derecho de defensa y mantiene el normal funcionamiento.
La secretaria de Coordinación Legal del Gobierno provincial, Dra. Mariángeles Arroyo, aclaró que el Puerto de Ushuaia no se encuentra intervenido, sino que atraviesa un procedimiento administrativo en curso ante un organismo nacional, en el cual la Provincia ejerce plenamente su derecho de defensa.
Según explicó la funcionaria, el proceso se inició a partir de una presentación vinculada a la sanción de una normativa que disponía la transferencia del superávit de la Dirección Provincial de Puertos. En ese marco, durante el mes de septiembre se realizó una inspección cuyas observaciones fueron respondidas en su totalidad mediante informes técnicos respaldatorios.
Arroyo indicó que, tras varios meses sin nuevas comunicaciones, la Provincia recibió una intimación solicitando la nómina de trabajadores, situación que motivó el pedido de acceso completo al expediente administrativo. En ese sentido, remarcó que la vista inicial otorgada por apenas cuatro horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue considerada irregular y ya fue impugnada por el equipo jurídico provincial.
La funcionaria subrayó que la autoridad nacional posee competencias en materia de seguridad portuaria, pero no sobre la administración ni la organización interna del puerto provincial. “No existe ninguna intervención. El Puerto de Ushuaia funciona con normalidad, tiene inversiones en marcha y cumple con los estándares de seguridad”, afirmó.
Finalmente, Arroyo destacó que el Gobierno provincial trabaja para resguardar la autonomía, el normal funcionamiento del puerto y su rol estratégico para el desarrollo productivo y logístico de Tierra del Fuego.
