El CELS denuncia que Milagro Sala lleva detenida seis años sin condena firme
Organismos de derechos humanos recordaron que la dirigente social Milagro Sala “sigue privada de su libertad por una causa sin condena firme” a seis años de su detención.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) recordaron que la dirigente social Milagro Sala “sigue privada de su libertad por una causa sin condena firme” en Jujuy, con motivo de cumplirse el próximo domingo seis años de la detención de la líder de la agrupación Tupac Amaru.
“El encierro que pesa sobre ella es violatorio de las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia”, indicaron desde estos organismos de derechos humanos en referencia a la detención que sufrió la dirigente de la Tupac Amaru, el 16 de enero de 2016, a pocos días de la asunción del expresidente Mauricio Macri y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
El hecho se produjo “por participar de un acampe en Jujuy y desde entonces sigue privada de su libertad”, recordaron los organismos, quienes además recordaron una entrevista brindada por Sala en Youtube donde la dirigente afirma que “la justicia atropella, pasa por arriba de las leyes” y que la tiene detenida pese a que “no hay condena firme”.
En el video, también hace referencia al “hostigamiento” que “le pasa no sólo a Milagro, sino a todo el mundo”, dice, a la hora de realizar una protesta social en Jujuy.
En este sentido, desde el Cels y Andhes ampliaron con que el aniversario se cumplirán también “seis años de la criminalización de la protesta social” en la provincia.
Por otra parte, hacen referencia a la detención de Sala aquel día, y explicaron que “cuando Gerardo Morales asumió como gobernador anunció su intención de obligar a las organizaciones sociales de Jujuy a reempadronarse en un nuevo registro de cooperativas”.
“La Red de Organizaciones Sociales (ROS) de la que Milagro Sala formaba parte como representante de la Tupac Amaru, encabezó un pedido de reuniones con el gobernador” pero “la negativa de Morales para establecer diálogo y brindar explicaciones llevó a que en diciembre de 2015 las organizaciones sociales iniciaran un acampe como protesta”.
“Pocos días después, el Poder Ejecutivo provincial dictó un decreto con el que buscó intimidar a las organizaciones para lograr que levantaran el acampe”, contaron.
Y agregaron que la medida “suspendía la personería jurídica de aquellas organizaciones que permanecieran en el lugar y establecía la pérdida de derechos sociales para quienes allí se manifestaran”.
“Producto de eso algunas de las organizaciones sociales abandonaron el acampe. Pero la Tupac Amaru se mantuvo” y “sobre esta organización recayó toda una serie de medidas de criminalización, incluyendo la detención de Milagro Sala, que se produjo el 16 de enero de 2016”, reseñaron.
En tanto, el 29 de enero, el juez a cargo de la causa ordenó su excarcelación pero “el mismo día, antes de que fuera liberada, se pidió otra vez su detención” por presunta “defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita cuya revisión se encuentra, desde marzo del 2020, en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por ese caso que aún hoy cumple una prisión preventiva en su casa del barrio Cuyaya, en la capital jujeña”, remarcaron los organismos.
En este punto, recordaron que “la campaña de estigmatización y desprestigio que Morales había iniciado se amplió al instrumentalizar al sistema judicial provincial para sus objetivos políticos. De esa forma, el gobierno provincial desató una persecución contra Milagro Sala: de manera encadenada y superpuesta se le iniciaron procesos e incluso se reabrieron otros en los que se la había desvinculado por completo” con la “finalidad de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo”.
Desde ese momento, Milagro Sala lleva 2.190 días detenida.
“En este lapso, atravesó seis debates orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria y uno en el fuero contravencional”, consignaron.
En tanto, “otras dos causas se encuentran, aún, en etapa de investigación, mientras que otras tres fueron elevadas a juicio”.
“Todo esto acompañado por campañas y discursos mediáticos que incluyeron a jueces y fiscales involucrados en los procesos en su contra, así como situaciones de humillación pública y privada. Otros integrantes del movimiento Tupac Amaru sufrieron similares episodios de persecución, con el objetivo de desarticular definitivamente la organización”, aseguraron.
El año pasado, el Cels y Andhes denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “la situación de hostigamiento y criminalización que padece tanto ella como la Tupac Amaru”.
“A seis años de su privación de libertad, la causa de la protesta que dio origen a su detención sigue pendiente de juicio oral y la persecución por este hecho continúa hasta hoy. Resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución pena”, concluyeron desde el Cels y Andhes.
