Gerente de Atucha I y II denuncia al presidente Demian Reidel por sobreprecios de USD 6.5 millones en servicios de limpieza. Contrato sin licitación y presiones internas reveladas.
Un gerente de planta rompió el silencio y denunció irregularidades millonarias en el corazón del sector nuclear argentino. El ingeniero Juan Pablo Norazco, gerente de las centrales Atucha I y II, presentó una denuncia formal ante el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) contra el presidente de la empresa, Demian Reidel, por presuntos sobreprecios del 140% en la contratación de servicios de limpieza.
Según la denuncia, respaldada por el secretario general de ATE Zárate, Fernando Pérez, un contrato de dos años para la limpieza de las plantas Atucha 1, Atucha 2, Embalse y el Hotel de Baradero, que debería haber costado alrededor de USD 600.000, fue firmado por casi USD 7 millones, implicando un perjuicio económico superior a los USD 6.5 millones para la empresa estatal.
“Este caso muestra la cabeza de un grupo que estaría contratando empresas de manera irregular”, afirmó Pérez en declaraciones radiales, señalando a Reidel como el responsable máximo de una estructura de opacidad. La denuncia detalla que la contratación fue directa, sin proceso licitatorio, bajo el argumento de “único proveedor”, una figura frecuentemente cuestionada en la administración pública.
Evidencia documental y presiones internas
El sobreprecio habría sido detectado a través del sistema administrativo SAP. La gravedad del caso provocó la negativa a firmar de administradores del contrato en planta, como la contadora Camila Martina. La denuncia del ing. Norazco incluye un expediente de presiones documentadas: mensajes de WhatsApp, correos electrónicos internos, llamadas telefónicas y auditorías sorpresivas destinadas a forzar la aprobación de los pagos.
Contexto de opacidad y riesgos para el sector
Este escándalo se suma a otras investigaciones en curso dentro de NA-SA, poniendo en evidencia graves falencias en los controles de integridad en una empresa estratégica para el país. Como periodista especializado en energía, resulta alarmante que estos presuntos actos de mala administración ocurran en un sector que requiere transparencia absoluta y eficiencia en el uso de recursos, dada su complejidad técnica y su importancia para la matriz energética nacional.
La denuncia, impulsada por un funcionario técnico y no político, según destacó Pérez, eleva el nivel de credibilidad de la acusación y plantea preguntas incómodas sobre la gobernanza y la supervisión en las empresas energéticas del Estado. Se espera que la Justicia, que ya habría tomado intervención, avance con la investigación para determinar responsabilidades y recuperar los fondos públicos desviados.
Fuente: Política Argentina
