Dos abogados de Reset Republicano presentaron una denuncia federal contra el ministro por la presunta omisión de publicaciones en la web de la Oficina Anticorrupción. El contrato de Cancillería con la AACI, dirigida por María Josefina Rouillet, ya había generado polémica y una denuncia de Juliana Di Tullio.
La polémica por el contrato millonario entre Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) sumó un nuevo capítulo judicial. Este lunes, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios, por la presunta omisión de publicaciones en la web de la Oficina Anticorrupción (OA) exigidas por el Decreto 202/2017 .
La denuncia, remitida para sorteo a la Cámara Criminal y Correccional Federal, solicita también que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria . Los denunciantes pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, “una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción” .
El contrato bajo la lupa
El origen de la controversia es la Disposición 21/2026 de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, dictada el 19 de enero de 2026, que adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por un monto de $114.044.133, con opción de prórroga . El objeto es la continuidad del servicio de capacitación en inglés para el personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027 .
Según consta en el expediente, al analizar la Declaración Jurada de Intereses se detectó un “vínculo positivo” entre una autoridad de la AACI (Rouillet) y un ministro del Poder Ejecutivo (Sturzenegger). La OA encuadró el caso como vínculo familiar por matrimonio .
Ante esa situación, se activaron los procedimientos del artículo 4° del Decreto 202/2017: comunicación a la OA y a la SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de las actuaciones en el sitio del ministerio .
El núcleo de la denuncia: ¿omisión en la web de la OA?
Los denunciantes sostienen que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que al 15 de febrero de 2026 no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente a este caso . Según indicaron, esa presunta omisión afectó un requisito que consideran “clave” en materia de transparencia .
El escrito encuadra los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265) .
Antecedentes: otro contrato en 2024 y una denuncia de Di Tullio
La presentación también introduce un antecedente: durante 2024 estuvo vigente otro contrato entre “idénticos contratantes” por $55.388.180, en cuya documentación pública no figura publicado un Pacto de Integridad . Los denunciantes piden verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada y si fue publicada en el sitio de la OA .
Cabe recordar que el caso tomó dimensión pública tras una investigación periodística de la Agencia Noticias Argentinas . La senadora nacional Juliana Di Tullio ya había anunciado que presentará una denuncia en Comodoro Py contra Sturzenegger y Rouillet, al considerar “irregular” la contratación .
La defensa oficial: “todos los requisitos cumplidos”
El canciller Pablo Quirno salió al cruce de las acusaciones y afirmó que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en el procedimiento. Sostuvo que Cancillería contrata a la AACI “desde 2018” y que, al advertirse el vínculo familiar, se activó el mecanismo de integridad con intervención de OA y SIGEN, y se firmó un Pacto de Integridad .
En un cruce en redes sociales, Quirno le respondió a Di Tullio: “Lea esto y por ahí se ahorra tiempo. Todos los requisitos cumplidos”, citando un documento interno que avala el procedimiento .
La polémica por los montos
Uno de los puntos que generó mayor controversia es el costo del servicio. Según cálculos difundidos, el Estado abonará a la AACI $191.993 por hora, una cifra que multiplica por 12 lo que percibe un Profesor Titular de Dedicación Exclusiva de una universidad nacional . Desde el Gobierno argumentan que el monto no corresponde únicamente al honorario docente, sino que incluye un paquete integral: exámenes, certificaciones, plataforma virtual y provisión de libros internacionales de Oxford y Cambridge .
Fuente: Agencia NA
