Mientras las principales confederaciones farmacéuticas alertan que los atrasos en pagos comprometen la entrega de medicamentos a jubilados, Patricia Bullrich insistió en que el PAMI es “un gasto brutal” y sugirió desmantelarlo. La crisis expone la tensión entre el ajuste fiscal y el derecho a la salud.
El desmantelamiento silencioso del PAMI: farmacias no pueden reponer medicamentos y Bullrich pide eliminarlo
En lo que parece ser un desmantelamiento por asfixia financiera, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) enfrenta su crisis más aguda en años. Las principales cámaras farmacéuticas del país emitieron una alerta conjunta: los atrasos en los pagos por parte del organismo ponen en riesgo inmediato la provisión de medicamentos a millones de jubilados y pensionados. Paralelamente, la dirigente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó al sistema como “un gasto brutal” y abogó por su desmantelamiento, profundizando la incertidumbre.
El grito de alerta de las farmacias: “No podemos reponer medicamentos”
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), junto a FACAF, FEFARA, AFMSRA y ASOFAR, envió una carta conjunta al PAMI exigiendo la regularización urgente de pagos atrasados correspondientes a noviembre, diciembre y enero. Según detallaron, algunas demoras se acercan al mes, lo que compromete la capacidad de las farmacias para comprar insumos y garantizar la continuidad de los tratamientos.
“Todas las semanas tenemos que reponer medicamentos para que los jubilados del PAMI puedan seguir con sus tratamientos. Cuando los pagos no llegan, se resiente toda la cadena de atención“, explicó Alejandra Gómez, presidenta de COFA. Los farmacéuticos remarcaron que el pago en tiempo y forma es indispensable para sostener la reposición permanente, especialmente en un contexto de costos en alza y alta demanda.
Bullrich y la teoría del “gasto brutal”: conceptualizar la eliminación de un derecho
Mientras la crisis operativa se desarrollaba, Patricia Bullrich cargó contra la existencia misma del organismo. En declaraciones durante una entrevista en streaming, la dirigente oficialista afirmó: “Cuando tenés todas las personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro: es un gasto brutal“. Comparó el sistema con “una compañía donde todos los autos chocan al mismo tiempo”.
Bullrich sostuvo que el Estado debería discutir cómo desmantelar el organismo, al que describió como una estructura “conceptualmente errónea”, demasiado grande y difícil de reformar. Aunque aclaró que la posibilidad “no está en estudio” dentro del gobierno de Javier Milei, reconoció que es una idea que le gustaría que se analice, en medio del ajuste extremo que atraviesa el sistema previsional y sanitario.
La cruda ecuación: ajuste fiscal versus salud de los adultos mayores
La situación expone la contradicción fundamental de la política de ajuste: mientras se promete eficiencia y reducción del gasto público, el costo recae sobre los sectores más vulnerables —adultos mayores con enfermedades crónicas que dependen de medicamentos diarios para su supervivencia y calidad de vida.
Los atrasos en los pagos no son un error administrativo menor; funcionan como un mecanismo de presión y ajuste indirecto. Al estrangular el flujo de recursos a las farmacias convenidas, se pone en jaque la sostenibilidad del sistema, creando las condiciones para justificar luego su “ineficiencia” y, eventualmente, su desmantelamiento o privatización, tal como sugiere el discurso de Bullrich.
Un sistema que ya mostraba las costuras
El PAMI, con sus defectos y burocracias, es sin embargo una red de contención esencial para más de 5 millones de afiliados. Las farmacias destacaron en su comunicado el “compromiso sostenido del sector” durante años de inflación, manteniendo el acceso a medicamentos incluso en contextos económicos adversos.
La combinación de pagos demorados, costos en alza y declaraciones desestabilizadoras desde el propio oficialismo crea un cóctel explosivo. No se trata solo de una crisis logística, sino de un ataque ideológico a un pilar del Estado de bienestar que, aunque imperfecto, garantiza un derecho básico.
Las farmacias exigen el pago inmediato de lo adeudado y previsibilidad, pero la respuesta política hasta ahora ha sido la contraria: más incertidumbre y un discurso que cuestiona la existencia misma del programa. El desenlace de esta pulseada definirá si la salud de los jubilados se convierte en otra variable de ajuste en la búsqueda de un superávit fiscal a cualquier costo.
