Controversia por la Designación de un Asesor en Ciberseguridad de EE.UU. en el Ministerio de Defensa Argentino
La llegada de Gustavo Víctor Santiago, nombrado por el embajador Marc Stanley, genera preocupaciones sobre la soberanía y seguridad nacional en Argentina.
El reciente nombramiento de Gustavo Víctor Santiago, designado por el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, como asesor de ciberseguridad en el Ministerio de Defensa Argentino, ha generado una fuerte controversia. La decisión, enmarcada en un memorando de entendimiento entre ambos países firmado el 25 de marzo, establece una colaboración inédita que ha despertado preocupaciones sobre la soberanía nacional.
Según el acuerdo, Santiago trabajará directamente bajo las órdenes del ministro Luis Petri, realizando tareas dentro del propio Ministerio de Defensa. Esta situación ha sido catalogada como sin precedentes en la historia reciente del país, provocando críticas desde diversos sectores.
Una fuente cercana al tema expresó su inquietud al respecto, señalando que “nombrar a un asesor de una potencia extranjera para cuidar la seguridad nacional es como poner al zorro a cuidar el gallinero”. Además, recordó el escándalo de espionaje de Estados Unidos a Brasil en 2013, lo que agrava las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de las redes argentinas.
El embajador Stanley detalló que Santiago se reunirá con varias unidades jurisdiccionales del Ministerio para relevar el estado actual de la ciberseguridad y desarrollar propuestas. Sin embargo, expertos advierten que esta decisión podría comprometer la seguridad de sistemas críticos, incluyendo radares y redes de comunicaciones clave, como los ubicados en Tierra del Fuego.
Aunque el gobierno sostiene que la colaboración con Estados Unidos no representa un riesgo, la comparación con prácticas del pasado, como la presencia de oficiales estadounidenses en el Ministerio de Defensa hasta 2006, resalta la tensión entre la cooperación internacional y la protección de la soberanía nacional.
Este caso plantea interrogantes sobre la influencia extranjera en áreas estratégicas del país, subrayando la necesidad de un debate profundo sobre las implicaciones de estas decisiones para el futuro de la ciberseguridad en Argentina.
