La ONG advierte que el acuerdo con Hayden Davis habría sido ocultado a la estructura oficial del Estado. Solicitan al fiscal que cite al Presidente a declarar.
A un año del inicio de la investigación por la criptomoneda $Libra, la presión judicial sobre el presidente Javier Milei se intensificó. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un nuevo amicus curiae ante la Justicia Federal en el que solicita formalmente que el jefe de Estado sea convocado a prestar declaración indagatoria.
El pedido se basa en información periodística reciente y en respuestas oficiales obtenidas por la propia ONG a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que sugerirían la existencia de un acuerdo presuntamente oculto entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, vinculado al lanzamiento de la criptomoneda.
El núcleo de la acusación: un acuerdo “clandestino”
Según el escrito al que tuvo acceso este medio, el CIPCE advierte que, de corroborarse la autenticidad del acuerdo, este constituiría “un elemento sustantivamente nuevo” que obliga a profundizar la pesquisa. El organismo, a través de su director ejecutivo Pedro Biscay, sostiene que el caso encuadraría en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El punto más crítico de la presentación surge de las respuestas oficiales brindadas por la Secretaría General de la Presidencia y la Procuración del Tesoro. Según el CIPCE, dichas respuestas “llevan a suponer que el acuerdo difundido por medios de prensa se habría celebrado a espaldas de la estructura jurídica oficial del Poder Ejecutivo”.
“De ser así, no estaríamos ante un acuerdo ‘confidencial’ sino oculto, es decir ‘clandestino'”, advierte la organización. Esta hipótesis no clausura la investigación, sino que, por el contrario, introduce un nuevo elemento de análisis que exige determinar si el acuerdo existió, bajo qué modalidad fue celebrado y si se evitó deliberadamente su encuadre administrativo .
El respaldo de los hallazgos periciales
El pedido del CIPCE cobra fuerza a partir de recientes revelaciones en la causa. Un informe pericial de la Dirección de Apoyo Tecnológico de Investigación Penal (DATIP) detectó, en dispositivos del empresario Mauricio Novelli —imputado en el expediente y señalado como nexo entre Milei y Davis—, múltiples borradores del presunto “acuerdo confidencial” que habría sido firmado el 30 de enero de 2025 .
El análisis forense, que incluyó extracción lógica y física de datos, también reveló comunicaciones registradas entre Novelli y Milei, así como con Karina Milei y el propio Hayden Davis . Parte de este material se encuentra en anexos reservados del dictamen, cuyo acceso reclaman los querellantes.
La postura del CIPCE y el reclamo de transparencia
En su presentación, el CIPCE no solo pide la indagatoria presidencial, sino que también solicita una serie de medidas concretas al Ministerio Público Fiscal:
- Incorporar a la causa las publicaciones periodísticas y la documentación probatoria acompañada.
- Requerir respuestas urgentes a la Procuración General y a la Oficina Anticorrupción.
- Garantizar el avance transparente de la investigación e informar a la comunidad sobre sus resultados .
Biscay fue contundente al justificar el pedido: “La necesidad de actuar adoptando decisiones trascendentes desde el punto de vista de la instrucción lleva a concluir que resulta conveniente convocar al Presidente a prestar declaración indagatoria. No hacerlo pone en juego la responsabilidad internacional del Estado al no cumplir con compromisos como el asumido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Finalmente, la ONG cuestionó la “total falta de información pública por parte del Ministerio Público Fiscal” a un año del inicio de la causa, señalando que se desconocen las razones por las cuales el expediente no avanzó ni siquiera hacia una primera instancia de indagatoria, pese a la existencia de “abundante y variado material probatorio” .
