Adriana Nechevenko, la profesional que certificó la compra del departamento en Caballito, rompió el silencio y se negó a explicar las inconsistencias. Las jubiladas que habrían prestado el dinero aseguran no conocer al Jefe de Gabinete.
El escándalo por el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Adriana Nechevenko, la escribana que certificó la compra del departamento en el barrio porteño de Caballito. “Pregúntenle a él”, fue su tajante respuesta al ser consultada sobre las contradicciones del expediente.
La profesional, que ha intervenido históricamente en transacciones vinculadas a la familia Adorni, rompió el silencio ante las cámaras de televisión pero evitó dar precisiones técnicas. Visiblemente molesta por la presencia periodística, se negó a explicar cómo se validó la presencia y el consentimiento de las dos mujeres de 82 y 84 años que, según la escritura, habrían prestado los 200.000 dólares para la operación inmobiliaria.
La actitud de Nechevenko genera más interrogantes que certezas. Según la normativa vigente, un escribano público debe dar fe de que las partes involucradas comprenden el alcance del contrato. Sin embargo, las jubiladas ya declararon que no conocen a Adorni ni poseen esa suma de dinero, lo que pone en tela de juicio lo consignado en la escritura.
Una operación bajo la lupa
La compra del inmueble en Caballito permitió al funcionario abonar un pago inicial de apenas 30.000 dólares. El origen de los 200.000 restantes es el centro de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La negativa de la escribana a brindar detalles sobre el mecanismo de pago o la acreditación de los fondos refuerza la hipótesis de una posible maniobra para ocultar al verdadero financista de la operación.
Silencio oficial y presión creciente
Mientras tanto, en la Casa Rosada el silencio sigue siendo la postura oficial. Adorni ha evitado referirse al tema en sus conferencias de prensa habituales. Sin embargo, la presión pública y judicial crece a medida que los protagonistas directos del trámite optan por alejarse de la defensa del funcionario.
Desde el ámbito judicial, se espera que en los próximos días se solicite el protocolo de la escribana para cotejar las firmas y los datos biométricos registrados el día de la operación. La frase “pregúntenle a él” no solo deja al descubierto una grieta en la estrategia de defensa del oficialismo, sino que coloca al Jefe de Gabinete ante la obligación de dar respuestas claras a la justicia federal.
