El fallo alcanza a Máximo y Florencia Kirchner “por vía hereditaria” e incluye propiedades sin nexo probado con el delito. Un abogado penalista advierte que “se fuerzan límites constitucionales del decomiso”.
Buenos Aires – En una decisión que abre un profundo debate constitucional, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó el decomiso de bienes heredados de Néstor Kirchner, quien falleció en 2010, tres años antes de que comenzara el juicio por la causa Vialidad y sin haber sido nunca condenado.
El fallo, que abarca 111 propiedades para cubrir casi $685.000 millones (el monto determinado en el juicio por obras viales en Santa Cruz), extiende efectos penales sobre Máximo y Florencia Kirchner “por vía hereditaria”, según criticó el abogado penalista Gregorio Dalbon.
En un análisis publicado en su cuenta de X, Dalbon señaló que “el decomiso penal tiene límites constitucionales precisos” : no es “una multa encubierta”, no puede recaer sobre quien no fue juzgado y no puede prescindir del nexo causal entre el bien y el ilícito.
“En mi opinión, este fallo fuerza esos límites de manera preocupante. Y sienta un precedente peligroso que va mucho más allá de esta causa”, advirtió el letrado.
El jurista identificó un problema adicional: la resolución incluye inmuebles “sin trazabilidad directa probada con el delito” , lo que profundizaría la afectación a garantías constitucionales como la propiedad privada y el debido proceso.
¿Qué sigue ahora? Para Dalbon, “la defensa tiene argumentos sólidos para llevar esto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte tiene la obligación institucional de definir hasta dónde llega el decomiso en un Estado de derecho”.
La causa Vialidad condenó en primera y segunda instancia a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia no está firme porque la defensa presentó recursos extraordinarios. El decomiso ordenado ahora afecta también bienes de la ex Presidenta y del empresario Lázaro Báez.
El debate de fondo trasciende el caso particular: ¿puede el Estado ejecutar bienes heredados de una persona fallecida sin condena? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad patrimonial de los herederos por delitos que no cometieron? La respuesta que dé la Corte Suprema sentará jurisprudencia para todo el derecho penal argentino.
