Bolivia abrirá a la CIDH archivos militares y policiales para investigar las muertes de 2019
El Gobierno de Bolivia anunció hoy que abrirá los archivos militares y policiales a los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los sucesos de violencia ocurridos durante la crisis de 2019, que devino en la renuncia del entonces presidente Evo Morales en el marco de un golpe de Estado.
“Presentamos el compromiso del Gobierno de que los archivos de las Fuerzas Armadas y la Policía (…) sean accesibles para su trabajo”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, a los seis miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que inició su trabajo en La Paz.
Lima señaló durante el acto de instalación del GIEI, que la desclasificación de archivos de las operaciones de represión del año pasado fue ordenada directamente por el presidente Luis Arce, quien asumió el pasado 8 de noviembre tras un año en el que Bolivia fue dirigido por la presidenta de facto Jeanine Áñez.
“El GIEI viene para cooperar con la consecución de la verdad y el trabajo de las autoridades del Estado (de Bolivia), sin embargo, su labor tomará en consideración la centralidad del sufrimiento de las víctimas”, declaró una de las integrantes del grupo, la argentina Patricia Tappatá, citada por el diario local Página Siete.
Las operaciones militares, en apoyo a la policía, para reprimir manifestaciones tras las elecciones de octubre de 2019 dejaron al menos 20 muertos de un total de 27 definidos como masacres por varias investigaciones previas al trabajo que hará el GIEI.
Entre esos documentos previos está un informe de la CIDH que denunció como factor agravante al decreto 4078 firmado por Áñez el 14 de octubre de 2019, dos días después de su autoproclamación, que ordenó la militarización de la represión liberando a los militares de eventuales responsabilidades penales.
La participación militar en la represión de las protestas por el derrocamiento de Morales y la anulación de las elecciones sin fundamentos fue especialmente notoria en el pueblo de Sacaba, departamento de Cochabamba, y en el barrio Senkata de El Alto, el 15 y 19 de noviembre respectivamente, donde se registró la mayor número de muertes.
“Vamos a garantizar la independencia del trabajo de la comisión de la CIDH y su acceso a toda la información que sea requerida”, insistió el ministro Lima durante el acto realizado en la Cancillería boliviana y en el que también participó el ministro de Asuntos Exteriores, Rogelio Mayta.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) estará integrado por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez, Marlon Weichert y Jaime Vidal, quien será el secretario ejecutivo del grupo. Dos argentinos, una colombiana, un británico, un brasileño y un chileno.
El GIEI-Bolivia iniciará su trabajo en el marco del acuerdo suscrito el 12 de diciembre de 2019 por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos.
Tiene un plazo inicial de vigencia de seis meses prorrogables previo acuerdo de las partes. Cuando concluya la investigación, el grupo emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía para que inicie las acciones correspondientes y así dar con los responsables de esos hechos.
