Bicameral denuncia espionaje ilegal del macrismo y pide investigar a miembros de la Justicia
La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismos de Inteligencia denunció hoy que en el Gobierno de Mauricio Macri se monto un “Estado paralelo, clandestino y secreto” de espionaje ilegal y pidió crear una comisión para investigar a los jueces, fiscales y miembros de la Corte que pudieron haberse apartado del Estado de Derecho.
La propuesta de crear otra bicameral para indagar sobre la conducta de miembros del Poder Judicial está plasmada en un dictamen de mayoría promovido por el Frente de Todos, donde se denuncia que se montó en el Gobierno de Cambiemos un sistema ilegal.
El informe fue presentado en una conferencia de prensa en la Cámara baja, encabezada por el presidente de la comisión, el diputado Leopoldo Moreau; el senador Oscar Parrilli y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.
Moreau denunció que en el Gobierno de Macri hubo un “Estado paralelo, clandestino y secreto que realizó tareas de espionaje sobre 308 personas”.
En ese sentido, señaló que “se estructuró de un modo sistemático un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del Estado”,
“La conclusión acerca de esta investigación es contundente: efectivamente, en el periodo 2015-2019, no solo se llevaron a cabo tareas de espionaje sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”, afirmó Moreau..
En el informe se afirma que “en el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores del Poder Judicial por lo que se recomienda a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral”.
Se pide que esa comisión “de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.
Moreau señaló que la Mesa Judicial “era presidida por Mauricio Macri” y en esas reuniones se resolvía “el destino que iban a correr las personas u organizaciones que eran espiadas”.
Subrayó que ese espionaje, que “está absolutamente probado”, dijo, estuvo dirigido no sólo a “figuras públicas notorias, como (la vicepresidenta) Cristina Kirchner”, sino también a “otros dirigentes políticos y organizaciones no gubernamentales”.
Tras explicar los alcances del dictamen firmado por el oficialismo, Moreau dijo que el espionaje no solo sucedió en el ámbito de la AFI sino también “en la AFIP, que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal; en la UIF, que llevaba adelante tareas de inteligencia financiera; en Migraciones, que hacía tareas de control de entradas y salidas del país; y en el Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación con la AFI llevaba adelante las tareas de espionaje sobre los ‘presos K’ y sus abogados defensores”.
Dijo que en el informe de 400 páginas se detalló como funcionaba el espionaje y que esos “reportaban a la cabeza de la AFI, que era la que determinaba los blancos de estas tareas”.
En el dictamen se señaló que “durante el Gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”.
Puntualiza que fue “diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos”
“Solamente en el primer año de gobierno de Macri, hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales”, destaca
El informe considera que el “objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales”.
“Los nombres de las operaciones aquí detalladas contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri, muestran la amplitud del espectro alcanzado por el ataque”, añadió
Menciona que fueron victimas de ese plan el Instituto Patria; el submarino ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado – GNL, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Detalla que el espionaje ilegal se produjo a través de “células armadas específicamente para ese objetivo ya que se evitó en lo posible la utilización de las estructuras profesionales preexistentes en el Estado”.
“Las pruebas son concluyentes: detalladas y pormenorizadas declaraciones y confesiones de varios de los agentes que participaron y que se incluyen en los documentos que acompañan el dictamen.”, agrega
Detalla que “en esta investigación se cuentan los testimonios en primera persona, de los agentes de una de las principales células de espionaje ilegal, la que funcionaba en “La Cueva”, en la calle Pilar 1460, primer piso B, CABA”
En el dictamen se destaca que “el modus operandi era ablandar, es decir extorsionar moralmente – en su buen nombre y honor – a personas a través de publicaciones, fake news y testimonios armados para que luego declaren en contra de otras, era una de las tantas tareas de las células, coordinadas con ciertos enclaves en el Poder Judicial y sectores del periodismo.
“Por ejemplo: la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión. También hubo seguimiento, hostigamiento e instalación del pánico en la víctima.”, se señala en el dictamen.
En el ultimo tramo se afirma que “el parlamento argentino debe ser la voz de nuestros compatriotas que quieren volver a decir NUNCA MAS a estos ‘sótanos de la democracia’ para asegurarse, definitivamente, vivir en paz y libertad.
