Amplio respaldo de diputados y diputadas del FDT al congelamiento de precios

Diputados nacionales del Frente de Todos respaldaron hoy la decisión del Gobierno nacional de retrotraer al 1 de octubre y congelar hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo, que quedó formalizada esta mañana a través de su publicación en el Boletín Oficial.

En ese sentido, el diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, sostuvo en declaraciones a la prensa que “la concentración económica es uno de los problemas a resolver y requiere de leyes para que se pueda cambiar. La Ley de Góndolas es una herramienta, también lo son las políticas de control de precios. Durante la pandemia hubo una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen y eso es lo que hay tratar de contrarrestar”.

“Estamos cuidando la mesa y el poder adquisitivo de los argentinos, no los intereses de quienes especulan”, expresó por su parte la diputada nacional Vanesa Siley (Frente de Todos), presidenta de la comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja, en su cuenta de Twitter.

En tanto, el diputado del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, destacó que “el objetivo de la resolución es ponerle un límite a la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. El Gobierno nacional busca fortalecer el salario y trata de negociar con aquellos sectores empresarios que se han visto beneficiados con estos meses de crecimiento. Los empresarios tienen que aceptar que la capacidad de consumo de los argentinos tiene que mejorar”.

También el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Itaí Hagman, respaldó en Twitter la medida e indicó que “es necesaria para que, en una situación de emergencia, las empresas no abusen con los sobreprecios”.

En ese sentido, el diputado y referente de la CTA, Hugo Yasky, señaló: “Quienes vivimos de nuestro salario necesitamos medidas como ésta que le pongan límite a la voracidad de las grandes empresas que tienen la sartén por el mango”.

En tanto, la bonaerense Florencia Lampreabe sostuvo que “es prioritario garantizar la estabilidad de los precios de los alimentos y sancionar la Ley de Etiquetado Frontal. Se trata de saber qué consumimos y poder acceder a una alimentación sana a precios razonables”.

Además, la diputada nacional Daniela Vilar consideró que “la prioridad es el acceso a alimentos de todos los argentinos y las argentinas”.

“Hay que respaldar a Roberto Feletti y su decisión de favorecer la capacidad de compra de los consumidores”, aseguró el diputado nacional Leopoldo Moreau, quien además pidió a la ciudadanía acompañar la medida en favor del poder adquisitivo de las familias.

A su turno, el diputado de extracción sindical, Walter Correa, destacó la importancia de la medida para “establecer prioridades claras; es indispensable cuidar la mesa y la economía familiar de los argentinos y argentinas. Combatir la inflación requiere de una articulación entre todos los sectores, solo así podemos poner un límite a la especulación”.

En ese sentido, la diputada rionegrina Graciela Landriscini puso de relieve la importancia de “un Estado presente para cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas y no los intereses de los especuladores que lucran con el hambre del pueblo”.

También la chaqueña Lucila Masin afirmó en Twitter que “el gobierno va a garantizar la estabilidad de los precios de los productos de una amplia canasta de bienes de consumo masivo para defender el bolsillo de las familias argentinas”.

La diputada nacional por Córdoba, Gabriela Estévez, afirmó en tanto que “las grandes empresas alimenticias, que están ganando 5 veces más que en 2020 y reparten dividendos por miles de millones de pesos, se oponen al congelamiento de precios”.

“Mientras el gobierno nacional busca cuidar el bolsillo y la mesa de los argentinos acordando con la mayor parte del sector, la oposición defiende a aquellas empresas que concentran más del 70% del mercado y se quedan cada vez con mayor porcentaje de los ingresos de las familias”, aseveró.

En tanto que la santafesina Patricia Mounier, quien también es secretaria de Derechos Humanos de SADOP a nivel nacional expresó su repudio a las empresas que especulan con los precios afectando el poder adquisitivo de las familias argentinas.

“Empresas como Molinos Río de La Plata, con más de 14 plantas productivas en el país, no adhirieron al acuerdo de congelamiento de precios propuesto por el Gobierno para cuidar el bolsillo de las familias argentinas”, manifestó la legisladora.