La Justicia ordenó procedimientos en las viviendas de tres presuntos organizadores del intento de ocupación ilegal ocurrido en octubre. El Municipio, como querellante, destacó la importancia de las medidas para desarticular el manejo de tierras fuera de la ley.
Ushuaia, diciembre de 2025 – La investigación judicial por el intento de usurpación de tierras fiscales municipales en Ushuaia, ocurrido en octubre pasado, avanzó con nuevas medidas de prueba. Por orden de la Justicia, se realizaron allanamientos en los domicilios de Mirta Beatriz Castillo, Diego Adolfo Cerrotti y Griselda Beatriz Romero, quienes son señalados como presuntos organizadores e instigadores de la ocupación ilegal.
Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, además de realizar requisas personales a los involucrados. El objetivo es reunir evidencia digital y material que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
La Municipalidad de Ushuaia, que se presentó como querellante activa en la causa, valoró positivamente estas diligencias. El secretario de Gobierno, César Molina, afirmó: “El Municipio impulsó esta investigación desde el primer momento, y vamos a acompañar cada instancia para llegar al fondo de lo ocurrido”. Además, enfatizó la necesidad de “determinar quiénes organizaron y alentaron estas acciones, que no sólo son ilegales sino que además se aprovechan de la necesidad genuina de muchas familias”.
Molina aprovechó para recordar que la comuna cuenta con “procedimientos claros, públicos y transparentes para el acceso al suelo urbano” y advirtió que “no vamos a permitir que se avance sobre tierras fiscales mediante mecanismos que violen la ley o pongan en riesgo la convivencia ciudadana”. El funcionario hizo alusión a la intervención conjunta de equipos municipales y policiales durante la noche del hecho, que logró desactivar la ocupación y proteger el patrimonio público.
El rol de la Municipalidad como querellante, concluyó Molina, “reafirma nuestra responsabilidad de defender los bienes de todos los vecinos y vecinas”.
