Alberto Fernández intervino el PJ de Jujuy por la reforma de la Constitución de Gerardo Morales
El presidente y titular del PJ Nacional intervino este viernes el partido en la provincia del norte para “ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno de Gerardo Morales y las políticas represivas”. Los detalles.
Desde su rol como titular del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista a nivel nacional, el presidente Alberto Fernández decidió y ejecutó hoy la intervención del partido en la provincia de Jujuy, en el marco del rechazo a la reforma de la Constitución provincial que realizó Gerardo Morales con apoyo de esa delegación del justicialismo.
Según se confirmó a través del documento que difundió la portavoz Gabriela Cerruti, el jefe de Estado designó como interventores al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, por un plazo de 360 días.
Según el mandatario, el apoyo de parte del peronismo jujeño a la reforma constitucional impulsada por el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Morales demostró que las autoridades del partido a nivel provincial “comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrinas que fundan el pensamiento justicialista y contradicen el espíritu y la letra” de la Constitución nacional.
“Como es de público conocimiento un grupo de legisladores del Partido Justicialista del Distrito Jujuy, amparados por las autoridades del Partido Distrital, votaron favorablemente a la introducción de modificaciones en la Constitución Provincial avasallando y restringiendo derechos fundamentales consagrados por nuestra Carta Magna”, afirma el escrito presentado por Alberto.
Desde su rol como jefe del PJ nacional explicó en la presentación de la intervención que la decisión sucede luego de que “un grupo de afiliados al Partido Justicialista presentan una nota manifestando su preocupación ante el avasallamiento de los derechos humanos cometido por el Gobierno de Jujuy y su decisión de sancionar una Constitución provincial que viola derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, como el derecho a huelga o a protestar”.
