La defensa internacional de Cristina Fernández de Kirchner aseguró ante la ONU que la condena en la causa Vialidad vulneró garantías constitucionales y busca excluirla de la competencia electoral. Solicitaron medidas cautelares mientras se analiza el caso.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en la que sostiene que la condena dictada en la causa Vialidad constituye un caso de proscripción electoral, producto de un proceso judicial que, según afirmaron, estuvo atravesado por irregularidades y vulneró garantías fundamentales.
La presentación fue encabezada por el abogado argentino Carlos Beraldi, junto a los juristas internacionales Javier Borrego (España) y Rafael Valim (Brasil), quienes brindaron una conferencia de prensa para explicar los fundamentos de la estrategia internacional.
Según los letrados, la intención es que el organismo de Naciones Unidas analice si el Estado argentino incumplió los compromisos asumidos en materia de derechos humanos y garantías judiciales.
“No se juzgó un delito, se excluyó a una dirigente política”
Uno de los conceptos centrales expuestos por la defensa fue que la condena tiene un objetivo político.
Los abogados sostuvieron que la sentencia no solo privó de la libertad a Cristina Fernández de Kirchner e impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sino que además impidió que millones de argentinos puedan elegirla como candidata, configurando un caso de proscripción política.
Durante la presentación, Javier Borrego aseguró que el caso “trasciende a una persona” porque involucra el funcionamiento del sistema democrático cuando una condena judicial impide la participación electoral de una dirigente con representación popular.
Denuncian violaciones al debido proceso
Los representantes legales enumeraron una serie de presuntas irregularidades que, a su entender, afectaron la imparcialidad del juicio.
Entre los principales cuestionamientos mencionaron:
- La falta de un tribunal independiente e imparcial.
- La vulneración del derecho de defensa.
- La utilización del proceso judicial con fines políticos.
- La afectación del principio de igualdad ante la ley.
- La imposición de una inhabilitación perpetua considerada desproporcionada.
Los abogados sostuvieron que estos hechos contradicen las obligaciones asumidas por Argentina en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que integra el bloque constitucional argentino.
La defensa pidió medidas cautelares
Mientras el Comité de Derechos Humanos analiza la denuncia, la defensa solicitó medidas cautelares para evitar, según expresaron, un daño irreversible.
El pedido incluye:
- Suspender los efectos de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
- Revisar las condiciones vinculadas a la ejecución de la condena.
- Garantizar plenamente los derechos políticos de la ex mandataria mientras se desarrolla el procedimiento internacional.
Los abogados aclararon que el objetivo no es que la ONU reemplace a la Justicia argentina, sino que determine si durante el proceso se respetaron los estándares internacionales de derechos humanos.
Una nueva etapa en la estrategia internacional
La presentación ante Naciones Unidas constituye el primer paso del proceso internacional impulsado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner tras agotarse las instancias judiciales internas.
En paralelo, la ex presidenta difundió una carta abierta en la que sostuvo que es víctima de una persecución política y afirmó que la “proscripción perpetua es la verdadera pena” impuesta por la sentencia de la causa Vialidad.
Ahora será el Comité de Derechos Humanos de la ONU el que deberá resolver si admite la comunicación presentada. De hacerlo, comenzará un intercambio formal con el Estado argentino antes de emitir un dictamen sobre las denuncias planteadas.
Aunque las resoluciones del Comité no anulan automáticamente fallos judiciales nacionales, sí constituyen pronunciamientos internacionales sobre el cumplimiento de los tratados de derechos humanos suscriptos por los Estados.
