Con 149 votos afirmativos, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que permite juzgar a adolescentes desde los 14 años. Organismos de infancia advierten que “bajar la edad no baja el delito” y cuestionan la falta de políticas integrales.
Buenos Aires – En una sesión maratónica de más de diez horas, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves . La iniciativa, impulsada por el oficialismo y sus aliados, obtuvo 149 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención, y ahora deberá ser tratada por el Senado para su sanción definitiva .
El proyecto, que lleva el sello de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich bajo la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, permite que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser juzgados y recibir penas de hasta 15 años de prisión, siempre en establecimientos especializados y separados de los adultos .
Sin embargo, el trámite legislativo se desarrolló en medio de fuertes cuestionamientos de organismos especializados en infancia, que advierten sobre las consecuencias de una medida que consideran regresiva y carente de sustento técnico.
📊 El debate en el recinto: posturas encontradas
La diputada Laura Rodríguez Machado (LLA), presidenta de la Comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, defendió la iniciativa señalando que “actualmente nos rige una ley de 1980, suscripta en un momento donde no regían los principios democráticos” . Aseguró que la norma prevé “un tratamiento para que la función final de los establecimientos sea resocializar al menor” y garantizó que “bajo ningún punto de vista vamos a alojar a los menores con los adultos” .
Desde la oposición, Victoria Tolosa Paz (UXP) fustigó duramente a la ministra Bullrich por instalar “una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto'”. “Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó, y agregó: “Este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera un juego de póker, sino con responsabilidad política” .
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se hayan tenido en cuenta los aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, cuyas recomendaciones “lamentablemente fueron desoídos” .
🧒 Infancia en el centro de la mira: las voces críticas
UNICEF: “Bajar la edad no reduce la inseguridad”
El organismo de Naciones Unidas especializado en infancia se manifestó en contra de la iniciativa, alegando que “la utilización de la privación de libertad como medida habitual no ha servido para reducir los índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia” . En un comunicado, UNICEF sostuvo que “se ha demostrado que la privación de la libertad, como medida habitual, genera un entorno de violencia para los jóvenes detenidos, lo cual favorece la reincidencia” y que es “perjudicial para la salud física, mental y emocional y el curso de vida de los niños y adolescentes” .
La Iglesia: “Bajar la edad no baja el delito”
La Iglesia Católica, a través de las comisiones episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas, emitió un documento titulado precisamente “Bajar la edad no baja el delito” . En el texto, los obispos sostienen que el debate “se está dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático”, lo que “impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes, especialmente en los sectores vulnerables” .
Advierten que “el oportunismo político prescinde incluso de los datos empíricos disponibles” y que “el ingreso temprano al sistema penal no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad” . La Iglesia propone, en cambio, poner el foco en combatir el narcotráfico y garantizar oportunidades para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad .
La Defensora de Niños: “Lo que falta no es castigo, es Estado”
La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, firmó junto a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, un documento con observaciones al proyecto . En declaraciones periodísticas, Graham señaló que “lo que falta no es castigo, es Estado” y advirtió que “el riesgo es que los chicos salgan peor de lo que entraron. Si no hay operadores capacitados, equipos técnicos ni dispositivos adecuados, lo único que se logra es mayor reincidencia” .
El documento enviado a las comisiones de Diputados enfatiza que “debe estar vedada la intervención del derecho penal sobre niños, niñas y adolescentes que no hayan cometido un delito o que no alcancen la edad mínima de responsabilidad penal”, y cuestiona la introducción de “medidas extremadamente gravosas y regresivas que no se alinean con los estándares internacionales de derechos humanos” .
Especialistas: los adolescentes no son adultos
Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, explicó que “a delito de adulto no se les puede poner una pena de adulto porque no son adultos” . Señaló que los adolescentes en conflicto con la ley son, en muchos casos, “víctimas de la vulnerabilidad social”: no saben el nombre del padre, no tienen DNI, abandonaron la escuela primaria y son cooptados por organizaciones delictivas .
“El problema no es bajar la edad. ¿Qué pasaría con esos chicos si solo bajamos la edad de imputabilidad a 13 años? El problema va a seguir existiendo. En el 2025 tuvimos 40 pibes de 12 años con armas de fuego. Y eso, con esta ley no cambia”, concluyó Alonso .
📈 Los números detrás del debate
Según un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el primer semestre de 2025 se iniciaron causas penales contra 945 niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores. Nueve de cada diez fueron varones, principalmente de 16 y 17 años, y más del 80% de los delitos fueron contra la propiedad (robos), no homicidios . La incidencia de menores en el total de procesos penales es del 0,42% .
Datos del Sistema Nacional de Información Criminal indican que, en casos de robos de motocicletas, los menores de 15 años acusados representaron el 5,1% del total, mientras que los adolescentes de 16 y 17 años constituyeron el 11,3% .
La Iglesia señala que “los datos del Sistema Nacional de Información Criminal indican que los menores inculpados por delitos representan un porcentaje muy bajo del total en Argentina” .
💰 La cuestión presupuestaria
El proyecto contempla una partida presupuestaria de $23.739 millones para su implementación, destinada al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación . Sin embargo, especialistas cuestionan si ese monto alcanzará para contar con los recursos y el personal especializado necesario para alojar a los menores adecuadamente y ofrecerles tratamientos contra las adicciones .
La diputada Yolanda Vega (Innovación Federal) reclamó durante el debate que “las provincias necesitan recursos para aplicar” la ley .
🌎 Contexto regional
Con esta reforma, Argentina se alinea con países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela, donde la edad de imputabilidad también es de 14 años . En Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la edad es aún menor: 12 años .
En Europa, España tiene un sistema penal juvenil desde los 14 años, pero con un enfoque no punitivo y medidas socioeducativas, mientras que en Italia, Austria y Alemania se evalúa caso por caso si el adolescente tenía plena conciencia de sus actos .
🏛️ Lo que viene
El proyecto pasa ahora al Senado, donde el oficialismo confía en obtener la sanción definitiva antes del 1 de marzo, fecha de apertura del nuevo período de sesiones ordinarias. Fuentes parlamentarias indicaron que podría tratarse en una sesión convocada para el 26 de febrero .
Mientras tanto, las organizaciones de infancia y derechos humanos advierten que la medida no resuelve los problemas estructurales y que, sin políticas integrales de prevención y contención, el riesgo es que los adolescentes “salgan peor de lo que entraron” .
