La Secretaría de Ambiente realizó controles ambientales en el Puerto de Ushuaia tras una medida judicial, luego de reiteradas negativas de la ANPyN para permitir el ingreso provincial.
La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, ingresó al Puerto de Ushuaia para realizar controles ambientales, luego de que la Justicia provincial dispusiera una medida de auxilio judicial.
La actuación se originó tras las reiteradas negativas de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) de permitir el ingreso de la Provincia al predio.
Cómo se llegó a la inspección
La medida se originó a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado. A pedido del Juzgado de Instrucción N.° 2 del Distrito Judicial Sur, la Secretaría de Ambiente presentó un informe sobre las dificultades para ingresar al predio y denunció un nuevo impedimento.
Tras la intervención judicial, el equipo provincial pudo realizar la inspección.
“Desde que sucedió la intervención, nosotros tuvimos muy imposibilitado el ingreso. En el último tiempo fue más sostenida la negativa”, explicó la secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, Lisi Cristófano.
Qué se evaluó en el predio
Según Cristófano, la inspección permitió evaluar las condiciones del predio y determinar los pasos a seguir.
“Lo más gravoso era no poder entrar. Habiendo ingresado, se pudo ver cuál es el nivel de riesgo”, sostuvo la funcionaria.
En el marco de la temporada de cruceros, la secretaria aclaró que no se detectó un riesgo absoluto durante la recorrida. De haber existido, la Secretaría podría haber dispuesto una medida inmediata.
A partir de ahora, las áreas técnicas elaborarán informes y notificarán los requerimientos pertinentes al Puerto. Uno de los primeros pasos será solicitar la regularización del registro de generadores de residuos peligrosos.
Reclamo provincial
Cristófano calificó la negativa de ingreso como una situación inédita para el área.
“Nunca nos sucedió esto de no poder ingresar, menos a un establecimiento público. Esperamos que a partir de ahora esto se pueda normalizar”, afirmó.
Para el Gobierno provincial, el hecho expone la gravedad de haber impedido el ejercicio de las funciones de fiscalización en una infraestructura estratégica y de jurisdicción provincial.
