Desfinanciamiento del INTA: qué se pone en riesgo

Un informe del CEPA advierte que el proyecto de Presupuesto 2027 elimina una fuente que representa el 57% de los recursos del INTA y pone en jaque investigación, extensión rural y respuesta ante emergencias.


El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 podría profundizar el desfinanciamiento del INTA al eliminar una asignación específica que representa el 57% de los recursos del organismo.

Según el informe, el artículo 21 del proyecto deroga el mecanismo que vincula parte de la recaudación sobre las importaciones con el financiamiento del INTA, el INTI y el SENASA. La medida eliminaría una fuente de recursos establecida por ley desde 2002.

Cómo cambia el financiamiento

La Ley N° 25.641 incorporó una asignación específica sobre el valor CIF de las importaciones. Luego, la Ley N° 26.546 la elevó al 0,65% y estableció su distribución: 0,45% para el INTA, 0,15% para el SENASA y 0,05% para el INTI.

De acuerdo con el CEPA, en el Presupuesto 2026 el INTA contaba con $905.711 millones. De ese total, $513.034 millones —el 57%— provenían de la alícuota sobre las importaciones. Para 2027, el proyecto asigna $546.784 millones, sin ingresos de esa alícuota.

Ajustado por inflación, el organismo estima una caída real del 50% en un año. En comparación con 2023, la caída acumulada alcanzaría el 55,9%.

Qué servicios podrían afectarse

El informe señala que esos recursos no financiaban gastos accesorios. Cubrían funcionamiento e inversiones, becas y posgrados del personal, parte de los salarios y el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, que funciona como reserva del INTA.

Sin esa reserva, el organismo tendría menos margen para responder ante sequías, inundaciones, plagas emergentes y emergencias sanitarias.

El CEPA también advierte impactos sobre la investigación y los servicios territoriales. Según el documento, el ajuste ya afectó al 23% de las actividades de investigación y desarrollo y al 42% de las líneas de innovación, con impacto sobre 29 cadenas y economías regionales.

Menor presencia territorial

El informe detalla que se dieron de baja 41 Agencias de Extensión Rural y se cerraron 74 oficinas. Además, se dispuso el cierre de la Estación Experimental AMBA y sus nueve agencias.

El repliegue afectaría especialmente a pequeños y medianos productores, que representan el 70% de las explotaciones del país según el Censo Nacional Agropecuario 2018. También pondría en riesgo programas como Cambio Rural.

Qué queda en debate

El proyecto de Presupuesto 2027 aún debe ser tratado por el Congreso, que podrá mantener, modificar o rechazar sus disposiciones.

El CEPA sostiene que la pérdida de capacidades, equipos, colecciones y datos puede demorar décadas en reconstruirse. El informe plantea, además, que el recorte compromete la agenda de mediano plazo del INTA, que incluye gestión de cuencas, riego, agricultura de precisión, mejoramiento genético y vigilancia epidemiológica.

La información y las proyecciones corresponden al informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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